TEORÍAS DE LA ACCIÓN

I. La acción identificada con el mismo derecho subjetivo.

Dentro de estas teorías hay dos concepciones: la acción-derecho y la acción-medio.

La acción como derecho tiene su origen en la sentencia de Celso: ius persequendi quod sibi debetur; es decir, el derecho de perseguir lo que nos es debido.

La acción como medio es definida por Heinneccius como “[…] un medio legítimo para reclamar en juicio los derechos que nos pertenecen.”

II .La acción como un derecho autónomo e independiente del subjetivo.

Para los sostenedores de esta corriente, hay casos en los que existe el derecho subjetivo y no existe la acción; y por el contrario, otros en que hay acción y no existe derecho subjetivo.

“La acción no constituye un todo único con la obligación, ni es el medio para hacer efectiva ésta, ni es la obligación en su tendencia a hacerse efectiva, ni un efecto de la obligación, ni un elemento o una función del derecho subjetivo, sino un derecho distinto y autónomo que nace y puede extinguirse independientemente de la obligación.”

Dentro de esta última corriente surgieron las corrientes que intentaban explicar la naturaleza de la acción como un derecho a la tutela por parte del Estado, como una facultada potestativa y como una posibilidad abstracta.

1. Acción como un derecho a la tutela del Estado.

La teoría del derecho concreto a tutela jurídica comienza por observar que la acción no puede considerarse un derecho abstracto, perteneciente a cualquier titular de derechos por el simple hecho de tener personalidad jurídica. Eso no es el derecho de acción, sino una simple posibilidad de acción, una mera facultad abstracta. El derecho de acción supone en quien lo ejercita ciertos requisitos de carácter substancial y procesal que le dan derecho a una sentencia favorable. La acción es, por tanto, el derecho concreto a la tutela jurídica del Estado o, en otras palabras, un derecho subjetivo público.

2. Acción como derecho potestativo

Sostienen los autores de esta corriente que, a lado de los derechos reales y personales, existen otros que consisten en un mero poder jurídico, en la facultad de producir un cierto efecto jurídico, sin que la persona que ha de sufrir ese efecto esté obligada a ninguna prestación o servicio.

El titular de esos derechos tiene el poder de producir, por un simple acto de voluntad, un cierto efecto jurídico que puede consistir en hacer cesar un estado jurídico existente o en crear un estado jurídico nuevo.

Los derechos potestativos son, por tanto, derechos a los que no corresponde una obligación y cuyo contenido se resuelve en una modificación del estado jurídico existente, producida por un simple acto de voluntad individual del respectivo titular.

La acción pertenece exactamente a la categoría de los derechos potestativos.

Al proponer la acción, el actor no hace sino usar de un poder jurídico destinado a producir un efecto sobre la persona del adversario, efecto que consiste en la emisión de la sentencia a la que el demandado queda sujeto.

La acción es un poder destinado a producir un efecto jurídico sobre la persona del adversario, que tiene que sufrirlo, pero sin estar obligado a ninguna prestación o servicio.

Ahora bien, la crítica a esta tesis consiste, como apunta Briseño Sierra, en que en realidad no hay tales derechos potestativos, sino una exageración de la nota “realización”.

3. Acción como una posibilidad abstracta

Según esta teoría, la acción es un derecho subjetivo público del ciudadano para con el Estado, y sólo para con el Estado, teniendo por objeto la prestación de la actividad de los órganos jurisdiccionales para la eliminación de los obstáculos que la inobservancia o la incertidumbre de la norma jurídica oponen a la realización de los intereses tutelados por el derecho objetivo.

En suma, la teoría del derecho abstracto considera la acción como derecho a la prestación de la actividad jurisdiccional o derecho a sentencia, pura y simplemente, ya que toda la actividad jurisdiccional tiende a preparar la emisión del fallo.

En contra de esta teoría, apunta Briseño Sierra, ha podido sostener Dos Reis que esta teoría “[…] considera como derecho subjetivo autónomo y distinto lo que no es sino una mera facultad, inherente al derecho de personalidad. Se trataría de una posibilidad semejante a la que tienen los individuos de viajar, divertirse, etc. Naturalmente, Dos Reis, niega que se pueda concebir el derecho de acción como algo preprocesal, como anterior a la demanda o a la existencia del proceso, ya que, no pudiendo el juez proceder por propia iniciativa, la acción vendría a consistir en una pretensión a la conducta prohibida por la organización jurídica, a la pretensión de un hecho ilícito.”

Como dice Briseño Sierra, todo lo conseguido por este camino ha sido la desnaturalización de la tesis inicial, ejemplo de ello son las consideraciones de Dos Reis al aceptar con modificaciones la tesis de Alfredo Rocco (derecho abstracto) mirando a la acción en su aspecto potencial y abstraído (carácter abstracto) y en su estado de realización (carácter concreto).

III. Teoría de la Acción como acto proyectivo.

“Ni la idea de la acción como derecho subjetivo, o cualidad, aspecto o consecuencia del mismo; ni la tesis del derecho subjetivo autónomo o público que se ha intentado contraponer al anterior como derecho a la tutela, como facultad potestativa o como posibilidad abstracta, han logrado precisar el significado.”[1]

Con estas palabras comienza su exposición el gran procesalista mexicano. Para él los esfuerzos doctrinarios no han logrado precisar el significado de la acción y lo único que han conseguido es hacer perceptible el carácter dinámico de este derecho, dejándolo sin sistematización.

En consecuencia, Briseño Sierra estima necesario comprender al dinamismo. Sobre éste afirma su alusión a movimiento: ya físico (dinamismo material), ya normativo (dinamismo normativo).

Sobre el segundo, que es el que nos interesa, Briseño Sierra considera a éste no como lo hace Kelsen cuando trata de los sistemas normativos regidos por el principio dinámico y de los cuales el autor vienes concluye que el derecho produce derecho, sino como “[…] a la estructura consecuencial, no disyuntiva sino continuada”[2] consignada en la norma. Dicho de otra forma “Una norma dinámica es aquélla que a partir de una conducta dada, en cadena [imperativamente] una secuencia de conductas.”[3]

Así, por ejemplo, “Si un precepto ordena que presentada la demanda sea estudiada por el juez, y si llena los requisitos legales se admita para correr traslado al demandado, emplazándole a contestar, en realidad está regulando una pluralidad de relaciones consecutivas.”[4]

En contra, la norma estática es aquella que estableciendo relaciones entre los sujetos deja inmovilizadas las pretensiones y prestaciones relativas o correlativas (por ejemplo, el comprador siempre está obligado al pago y el vendedor a la entrega del bien).

“La normatividad que tiene, por excelencia, la estructura dinámica es la que regula el procedimiento.”[5] “Sólo una normatividad procedimental puede llenar las notas del dinamismo.”[6]

Entendido lo anterior es factible concluir con Briseño Sierra (p. 486) que “El dinamismo jurídico atañe a toda norma procedimental, de manera que basta que la ley regule una secuencia de conexiones de actos provenientes de personas diferentes, para que construya un tránsito relacional.”

En lo atinente a un sistema normativo procedimental especial, es decir, tratándose del proceso, existe una especial instancia[7] que sirve para las conexiones que progresivamente le dan origen: la acción.

Esta instancia tiene la particularidad de provenir de un sujeto y provocar la conducta de otros dos en tiempos normativamente sucesivos. Al demandar el actor su promoción llega hasta el demandado pero a través del juez, y éste no es un mero objeto como lo sería el vehículo que transportaría la correspondencia.

Entre una epístola cualquiera y una demanda, la diferencia radica en que la última es la objetivación de un accionar procesal. El actor no busca incitar la respuesta del juez sino la contestación del demandado; pero para ello es preciso que el juez considere legalmente idónea la promoción y le dé traslado.

En este sentido jurídico de la acción permite hablar de una proyectividad, pues la dirección del acto provocatorio[sic] lleva hasta un tercer sujeto, de manera que resultan finalmente vinculados tres: accionante, juez y reaccionante[sic].

Si la acción estuviera solamente en el umbral de proceso, se confundiría con la demanda y tendría que buscarse un nuevo concepto para las instancias sucesivas. Pero acontece que a lo largo del proceso, configurándolo, se efectúan sucesivas proyecciones, gradualmente enlazadas para dar lugar a una continuidad de fases

Es por ello que la acción no está al principio sino en toda la extensión del proceso, y que acciona el actor cuando demanda, cuando prueba y alega, como acciona el demandante cuando prueba, cuando recurre, cuando contrademanda y alega de su reconvención.[8] [Las negritas son nuestras]

Por tanto, de lo anterior se puede concluir que la acción es «proyectiva» porque su ciclo no termina con la asunción del juzgador sino con la recepción de la contraparte. En ningún otro tipo de procedimiento simple se puede «invariar» una instancia tan peculiar como la acción procesal.

Si no se entiende bien a la proyectividad de la acción se podría pensar que ésta existe en otras instancias como la denuncia, la querella, la queja o el reacertamiento; sin embargo, si bien en todas estas instancias puede existir o haber un tercero, tal circunstancia no justifica hablar de proyectividad, pues ésta es la directa, aunque mediata, «provocación de reacción». El tercero en el derecho de petición no es incitado por el peticionario sino convocado por la autoridad. El tercero en la denuncia no es excitado por el denunciante, ni el querellado por el querellante, el funcionario por el quejoso o la autoridad por el recurrente.

Si en la denuncia el afectado va a declarar lo hace llamado por el agente del ministerio público, y otro tanto acontece con el querellado. El funcionario de quien se queja el particular, informa al superior pero no contesta una demanda. El recurrente en el reacertamiento administrativo no demanda a la autoridad de quien emanó el acto, sino más bien pretende de ella o de su superior la revocación mediante nuevo acertamiento. “No contesta la autoridad a una demanda; o reacierta su primer acto o envía las actuaciones para que la superior efectúe el reacertamiento. Pero en ninguno de estos casos se insta proyectivamente provocando la reacción del tercero.”[9]

Por último, cabe citar las palabras con las que concluye su exposición el eximio jurista mexicano:

La proyectividad no puede aparecer en otra esfera jurídica que no sea el proceso, precisamente porque el procedimiento singular que se ha creado con la bilateralidad de la instancia es resultado de una invariación de relaciones transitivas entres tres sujetos indispensables. No puede hablarse de acción sin actor y demandado. Hacerlos sería instaurar un procedimiento diverso. No se trata de la posibilidad legislativa, porque en la historia se ha conocido el procedimiento inquisitorial, apto para condenar a los presuntos responsables de delitos; pero el hecho de que en lugar de proceso se regule un procedimiento de averiguación, no se sigue que aquí haya acción, la cual sin proceso es imposible.[10] [Las negritas son nuestras]

Para aclarar mejor lo anterior, cabe dar algunas distinciones entre la acción y la pretensión.

En primer lugar, la pretensión, a diferencia de la acción o, inclusive, de cualquier instancia procedimental, no es abstracta sino que tiene una causa jurídica, y, por tal motivo, la pretensión tiene dos direcciones: hacía el pasado mira al supuesto y hacia el futuro el presupuesto. Por ejemplo: una petición administrativa para recabar un permiso de importación tiene como supuesto la invocación legal atingente al levantamiento de la prohibición para introducir en el país bienes extranjeros. Como presupuesto, esa misma petición mira hacia el permiso, o sea, hacia la prestación resolutiva.

Por lo anterior, la acción, como instancia autónoma, no necesita invocar antecedentes, no necesita la justificación; sin embargo, la pretensión que la acción refiere sí necesita aludir al supuesto. La prestación resolutiva no podría atender una pretensión que no tuviera apoyo en una causa legal.

En suma, instar, en cualquier procedimiento, es provocar una respuesta que sólo se puede encontrar si la pretensión es razonable o pertinente y la instancia satisface los requisitos de procedencia. Pero luego es menester que la pretensión sea atendida, a tal propósito debe sustanciarse el procedimiento por todas sus partes. Por último, la prestación resolutiva favorecerá a la pretensión si ésta, y no la instancia, llena el supuesto de su justificación; es decir, si se prueba y demuestra estar en condiciones de ser tutelado.

Trasponiendo lo anterior al caso de la acción, resultará, entonces, que ésta siempre será fundada y procedente y que, en caso de que la justificación de la pretensión sea falsa, simulada o fraudulenta, será ésta, en todo caso y no la acción, la que resultará infundada e improcedente.

En suma, se puede considerar a la Acción como el acto proyectivo que enlaza en tiempos sucesivamente normativas la respuesta de tres sujetos: accionante, juez y reaccionante.

NOTAS:

[1] Briseño Sierra,  Humberto, Derecho Procesal, 2a ed., México, Oxford, 2005, vol. I,  p. 483.

[2] Ibídem, p. 455.

[3] Ídem.

[4] Ibídem, p. 485.

[5] Ibídem, p. 456.

[6] Ídem.

[7] Por instancia debemos entender “[…] el derecho que tiene un particular para provocar la respuesta autoritaria a través de una relación dinámica.” Ibídem, p. 461

[8] Ibídem, p. 486.

[9] Ibídem, p. 487.

[10] Ibídem, p. 488.

Sobre la Jurisdicción y la Competencia. Comentarios al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México

“Si bien la jurisdicción, como facultad de administrar justicia, incumbe a todos los jueces y magistrados, es indispensable reglamentar su ejercicio para distribuirla, en cada rama jurisdiccional, entre los diversos jueces. Y es esta la función que desempeña la competencia.”[1]

“La competencia es, por tanto, la facultad que cada juez o magistrado de una rama jurisdiccional tiene, para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio.”[2]

En “[…] un sentido lato la competencia se define como el ámbito, la esfera o el campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones o funciones. […] En sentido estricto, la competencia se refiere al órgano jurisdiccional. […] ‘La competencia es, en realidad la medida del poder o facultad otorgado a un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto.’”[3]

En resumen, aplicado el concepto de competencia al derecho procesal, es posible afirmar que “[…] la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. El juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero no puede ejercerla en cualquier tipo de litigios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley; es decir, en aquellos en los que es competente.”[4]

Para Briseño Sierra la competencia no es otra cosa que “la suma de atribuciones del órgano público.”[5] Afirma que la diferencia entre jurisdicción y competencia “[…] no puede establecerse aristotélicamente a base de especie y género, porque tanto compete al juzgador ejercer la jurisdicción en el proceso, como al legislador o al administrador cuando tienen que sustanciar sendos procesos, y tanto compete al juzgador ejercer jurisdicción como legislar o administrar en los supuestos que determine la ley.”[6]

Para el procesalista mexicano la facultad jurisdiccional no debe confundirse con la facultad de adjudicar. Por la primera debe entenderse la facultad de dirigir el proceso, en tanto que por la segunda, la facultad de dar el derecho que corresponda a cada parte según su título jurídico. Además, no debe perderse de vista que la actividad jurisdiccional o jurisdicción es una atribución que se desenvuelve en cada acto del proceso, incardinándose directamente con la instancia proyectiva (la acción) que va configurando al proceso, en tanto que la sentencia, en tanto prestación resolutiva pretendida, se incardina hacia el pasado con la pretensión.

En las palabras de Briseño Sierra:

Cuando la pretensión ha sido admitida, teórica y prácticamente queda en el umbral del proceso. No se mueve, no es movida, a menos de que se produzca el fenómeno conocido como transformación de la demanda, el cual tiene otras explicaciones pero ninguna que pueda modificar el hecho descrito antes.

La pretensión no va a recibir tratamiento judicial mientras se desenvuelve el proceso. Su vitalidad permanece latente, al grado de que las pruebas le van a dar eficiencia, lo mismo que las conclusiones, pero no le alterarán en sentido alguno.

Detenida al inicio de la serie, la pretensión no volverá a ser considerada por el juzgador sino hasta el momento del fallo. Sin embargo, el juez no permanece inactivo, provee, dicta decretos, autos, interlocutorias, abre y cierra las fases, complementa los grados; en fin, opera jurisdiccionalmente.

La sentencia […] va a ser distinta, una para cada juicio; pero el acto jurisdiccional será el mismo en todos los procesos. Admitir la demanda, correr traslado, emplazar y tener por contestada la demanda, son actos jurisdiccionales que no varían de juicio a juicio, que se repiten innumerables veces, tantas como procesos se sustancien.

El proceso, pues, se va a constituir con instancias proyectivas y actos jurisdiccionales, conductas que son objetivamente idénticas en todos los procesos de todos los tiempos y lugares.[7]

En suma, para Humberto Briseño Sierra, la jurisdicción es, no la facultad de decir el derecho, sino la dirección del proceso.

Por lo que hace a la competencia, que es lo que aquí nos interesa, para Briseño Sierra es solamente una suma de atribuciones que vienen dadas por la norma. De esta misma opinión es el constitucionalista Miguel Covián Andrade[8], quien explica la diferencia entre la autonomía y la competencia señalando que a la primera toca el cómo y a la segunda el qué; que la primera es abstracta en tanto que la segunda es concreta; la autonomía “[…] es simplemente la atribución de poder actuar en determinadas áreas, ¿en qué áreas? Eso ya no compete al «cómo» de la autonomía sino al «qué» de la competencia.”[9] En suma, para el constitucionalista la competencia, referida a los entes autónomos, viene a ser el conjunto de “[…] atribuciones concretas y materiales que ejerce y cumple el ente autónomo, con exclusión de cualesquier otras instancias”[10].

De lo anterior se desprende que ambos autores, cada uno en su rama, sostienen una perspectiva similar sobre la competencia: atribuciones conferidas a un ente por la norma. En otras palabras, la competencia, bajo la visión de Briseño Sierra y Covián Andrade viene a ser la suma de atribuciones conferidas por la norma que atañen a un ente para que actúe. En el caso del órgano judicial, las atribuciones que le vienen marcadas por la norma varían según lo especifique la propia norma, pero entre ellas normalmente se encuentran la actividad jurisdiccional (dirigir el proceso), la atribución de adjudicar (sentenciar el conflicto), facultades administrativas, legislativas, disciplinarias y actuariales, ejecutivas y compulsorias, fasciculares y supervisoras, inquisitivas y controladoras, etc.

Dicho lo anterior de otra forma, y en las insuperables palabras del maestro Briseño Sierra:

Por ahora baste tener presente que la competencia se forma con el cúmulo general y que un juzgador puede no ser competente para ejecutar y sí para ejercer jurisdicción, que puede ejercer jurisdicción sin tener competencia para sentenciar; que se puede tener competencia para designar empleados y no ejercer jurisdicción, competencia para constituir negocios judiciales y no para resolver conflictos, etcétera.[11]

Relacionado con la competencia, Briseño Sierra afirma que deben distinguirse tres fenómenos diferentes: la composición, la sistematización y la distribución competencial[12].

Sobre la composición afirma que en esta priva la dirección funcionalista según la cual, de la actividad depende la estructura; consecuentemente, la actividad del órgano es la que viene a determinar el carácter del órgano y, por ello, la composición orgánica es un dato empírico, en cuanto sólo se obtiene de la revisión de las normas de cada país. “La idea es que la función determinada resulta la variable independiente con la que se relaciona efectivamente la variable dependiente de la organización estatal. Todos cuantos ejerzan jurisdicción quedarán incluidos en el rubro de la composición general.”[13]

Por lo que hace a la sistematización, ésta supone un punto de vista diverso en el cual la relación funcional se establece con otras variables. “La independiente será el principio político, constitucionalmente plasmado, por el que la judicatura queda organizada, según los distintos niveles que significan la variable dependiente.”[14]

En un Estado como el mexicano, con una forma de gobierno federal[15], en virtud de la sistematización, la variable independiente: la judicatura, queda relacionada con un complejo de, por lo menos, tres órdenes: federal, estatal y distrital, que vienen a constituir la variable dependiente.

Así resulta que “Mientras la composición es un resultado práctico, es una conjunción realizada contemplando la existencia real de órganos competentes para determinada función; y la sistematización es la determinación de una organización en los términos del principio constitucional; la distribución viene a ser la precisión de la competencia relativa a los oficiales.”[16] En otras palabras, la distribución relaciona la variable independiente del órgano sistematizado, en sus distintos órdenes, y la dependiente de la actividad parcelaria, esto es, la específica competencia de cada autoridad.

Íntimamente ligado al problema de la distribución, está el tema de la jerarquía, el cual nos reconduce a tratar sobre una medida sistemática y otra gradual, en donde la primera atendería al conjunto sin predecir de la distribución, en tanto que la segunda se fijaría específicamente en este repartimiento. “Se tendría, de este modo, un anticipo del fenómeno de la progresión por estadios; ya que, en realidad, hay muchos asuntos judiciales que se siguen por distintas etapas y pasan de un juzgador calificado de menor jerarquía a otro de una mayor o superior.”[17]

Sin embargo, apunta Briseño Sierra, debe tenerse cuidado de las generalizaciones, puesto que hay un conjunto de problemas que sólo pueden ser del conocimiento de los plenos o de sus respectivos presidentes y otros que nunca llegan a estas unidades. “La competencia viene a vincularse con la jerarquía, pero sería funesto hablar de un paralelismo necesario […]”.[18]

El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México sobre la competencia y jurisdicción señala en los artículos 1.28, 1.29 y 1.30, lo siguiente:

Ejercicio de la función jurisdiccional

Artículo 1.28.- El ejercicio de la jurisdicción que la ley encomienda a los Tribunales judiciales, debe reclamarse ante la autoridad competente.

Reglas determinantes de la competencia

Artículo 1.29.- La competencia de los Tribunales se determina en razón de grado, materia, cuantía, territorio y prevención.

Requisitos de competencia

Artículo 1.30.- Para que los Jueces y Tribunales tengan competencia, se requiere:

I. Que el conocimiento del negocio en que intervengan, esté atribuido por la ley a la autoridad que ejerzan;

II. Que les corresponda el conocimiento del negocio con preferencia a los demás Jueces o Tribunales de su mismo grado.

De la lectura de los anteriores artículos resulta que el Código de Procedimientos Civiles adopta la tesis de la competencia como medida de la jurisdicción, en donde es posible afirmar una relación de especie y género.

No suscribimos tal tesis pues la misma parte de la afirmación de que la jurisdicción es la atribución para resolver un conflicto con carácter vinculante atribuida, en exclusiva, a un órgano del Estado como parte de la división de poderes.

No admitimos tal tesis pues, si ello fuera así, ¿qué pasaría con el desarrollo del proceso? Es decir, si la jurisdicción fuera la atribución de resolver un conflicto ella se ejercería únicamente al momento de sentenciar, quedando, entonces, el proceso sin jurisdicción y la competencia no la ajustaría sino hasta el momento en que el juzgador turnara los autos para resolver en definitiva; pero sucede que en la práctica ello no acontece así. La competencia se revisa in limine litis y se cuida de ella durante todo el proceso.

Por otra parte, tal tesis no resuelve el problema sobre los procesos que no terminan con sentencia pero en donde el juez sí actúa con jurisdicción, ni aquellos otros en donde si bien existe sentencia, no hubo proceso (procedimiento sucesorio) o aquellos otros en donde si bien hay resolución judicial, no hubo ni proceso ni jurisdicción (procedimientos judiciales no contenciosos). Tampoco resuelve el problema de los órganos no estatales que ejercen jurisdicción sin tener competencia (árbitros)[19].

En este punto podría argüirse que la lectura del artículo 1.28 del Código de Procedimientos Civiles acepta ambas lecturas; es decir, como puede leerse desde la perspectiva de la tesis de la competencia como medida de la jurisdicción, como puede leerse desde la perspectiva de la tesis de la competencia como suma de atribuciones, y que, desde esta segunda perspectiva, bien podría sostenerse que lo que postula el artículo en comento es que la actividad jurisdiccional, como facultad de dirigir el proceso, debe solicitarse precisamente ante el órgano que tenga atribuida dicha actividad: el órgano competente. Sin embargo, no debe escapar al lector la expresión «debe reclamarse» que contiene el artículo en comento, expresión esta que gravita en torno a la jurisdicción, y que intrínsecamente hace referencia a la pretensión de la prestación resolutiva: la solución del conflicto. En otras palabras, la expresión «debe reclamarse» nos reconduce a la tesis de la jurisdicción como atribución solucionadora de conflictos, en donde la pretensión se concatena directamente con la sentencia como acto en el cual se pone fin al litigio.

Por tanto, nosotros sostenemos que la tesis recogida en el artículo 1.28 del Código de Procedimientos Civiles no es correcta, ya que la jurisdicción no es otra cosa que el deber de dirigir el proceso por todas sus fases hasta llegar al momento de dictar sentencia, en donde la competencia sólo cobra relevancia en el sentido de que el órgano esté investido de dicha facultad jurisdiccional.

NOTAS

[1] Devis Echandía, Hernando, Teoría General del Proceso, Bogotá, Colombia, Editorial Temis S. A., 2012, p. 116.

[2] Ídem.

[3] Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, 10ª ed., México, Editorial Oxford, 2004, p. 145.

[4] Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, 6ª ed., México, Editorial Oxford, 2005, p. 135.

[5] Briseño Sierra, Humberto, Derecho Procesal, 2ª ed., México, Editorial Oxford, 2005, Volumen I, p. 530.

[6] Ibídem, p. 531.

[7] Ibídem, p. 526.

[8] Covián Andrade, Miguel, Teoría de la Constitución, 3ª ed., México, CEDIPC, 2004, volumen I, pp. 378 y ss.

[9] Durán Dávila, Rolando, La omisión inconstitucional en el Estado de México. Hacia la defensa de la Constitución local a partir del Estado, el Derecho y la Constitución, tesis de licenciatura, México, UAEM, Facultad de Derecho, 2009, p. 107

[10] Ibídem, p. 108.

[11] Briseño Sierra, ob. cit., p. 535.

[12] Ibídem, p. 551.

[13] Ibídem, p. 552.

[14] Ídem.

[15] Entendemos por forma de Estado, siguiendo a Giuseppe de Vergottini, el conjunto de elementos que caracterizan globalmente a un ordenamiento referido en particular a las finalidades planteadas como objetivos de acción de los órganos constitucionales. Por formas de gobierno entendemos el complejo de instrumentos que se articulan para conseguir las finalidades estatales y, por lo tanto, los elementos que se refieren a la titularidad y al ejercicio de las funciones soberanas atribuidas a los órganos constitucionales.

En otras palabras, las formas de Estado establecen los objetivos (el para qué) de los órganos de gobierno; las formas de gobierno son, precisamente, los instrumentos (el cómo) para conseguir dichas finalidades.

[16] Briseño Sierra, ob. cit., p. 553.

[17] Ibídem, p. 560.

[18] Ídem.

[19] Entendida la jurisdicción como la dirección del proceso, suscribimos lo afirmado por Briseño Sierra cuando dice que los árbitros al dirigir el proceso arbitral ejercen jurisdicción, sin que por ello se pueda afirmar que tienen competencia, dado que no existe norma estadual que les imponga dicha atribución. Ver: Briseño Sierra, ob. cit., pp. 510 y ss.

IMPORTANTE:

Si utiliza o cita este trabajo le agradeceríamos que reconociera la autoría del Licenciado Rolando Durán Dávila.

Se recomienda realizar la cita de la siguiente manera:

DURÁN DÁVILA, Rolando, Sobre la Jurisdicción y la Competencia. Comentarios al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, [en línea], México, 18 de julio de 2014, [citado: fecha de citación], formato html, disponible en: https://durandavila.com/2014/07/18/sobre-la-jurisdiccion-y-la-competencia-comentarios-al-codigo-de-procedimientos-civiles-del-estado-de-mexico