TEORÍAS DE LA ACCIÓN

I. La acción identificada con el mismo derecho subjetivo.

Dentro de estas teorías hay dos concepciones: la acción-derecho y la acción-medio.

La acción como derecho tiene su origen en la sentencia de Celso: ius persequendi quod sibi debetur; es decir, el derecho de perseguir lo que nos es debido.

La acción como medio es definida por Heinneccius como “[…] un medio legítimo para reclamar en juicio los derechos que nos pertenecen.”

II .La acción como un derecho autónomo e independiente del subjetivo.

Para los sostenedores de esta corriente, hay casos en los que existe el derecho subjetivo y no existe la acción; y por el contrario, otros en que hay acción y no existe derecho subjetivo.

“La acción no constituye un todo único con la obligación, ni es el medio para hacer efectiva ésta, ni es la obligación en su tendencia a hacerse efectiva, ni un efecto de la obligación, ni un elemento o una función del derecho subjetivo, sino un derecho distinto y autónomo que nace y puede extinguirse independientemente de la obligación.”

Dentro de esta última corriente surgieron las corrientes que intentaban explicar la naturaleza de la acción como un derecho a la tutela por parte del Estado, como una facultada potestativa y como una posibilidad abstracta.

1. Acción como un derecho a la tutela del Estado.

La teoría del derecho concreto a tutela jurídica comienza por observar que la acción no puede considerarse un derecho abstracto, perteneciente a cualquier titular de derechos por el simple hecho de tener personalidad jurídica. Eso no es el derecho de acción, sino una simple posibilidad de acción, una mera facultad abstracta. El derecho de acción supone en quien lo ejercita ciertos requisitos de carácter substancial y procesal que le dan derecho a una sentencia favorable. La acción es, por tanto, el derecho concreto a la tutela jurídica del Estado o, en otras palabras, un derecho subjetivo público.

2. Acción como derecho potestativo

Sostienen los autores de esta corriente que, a lado de los derechos reales y personales, existen otros que consisten en un mero poder jurídico, en la facultad de producir un cierto efecto jurídico, sin que la persona que ha de sufrir ese efecto esté obligada a ninguna prestación o servicio.

El titular de esos derechos tiene el poder de producir, por un simple acto de voluntad, un cierto efecto jurídico que puede consistir en hacer cesar un estado jurídico existente o en crear un estado jurídico nuevo.

Los derechos potestativos son, por tanto, derechos a los que no corresponde una obligación y cuyo contenido se resuelve en una modificación del estado jurídico existente, producida por un simple acto de voluntad individual del respectivo titular.

La acción pertenece exactamente a la categoría de los derechos potestativos.

Al proponer la acción, el actor no hace sino usar de un poder jurídico destinado a producir un efecto sobre la persona del adversario, efecto que consiste en la emisión de la sentencia a la que el demandado queda sujeto.

La acción es un poder destinado a producir un efecto jurídico sobre la persona del adversario, que tiene que sufrirlo, pero sin estar obligado a ninguna prestación o servicio.

Ahora bien, la crítica a esta tesis consiste, como apunta Briseño Sierra, en que en realidad no hay tales derechos potestativos, sino una exageración de la nota “realización”.

3. Acción como una posibilidad abstracta

Según esta teoría, la acción es un derecho subjetivo público del ciudadano para con el Estado, y sólo para con el Estado, teniendo por objeto la prestación de la actividad de los órganos jurisdiccionales para la eliminación de los obstáculos que la inobservancia o la incertidumbre de la norma jurídica oponen a la realización de los intereses tutelados por el derecho objetivo.

En suma, la teoría del derecho abstracto considera la acción como derecho a la prestación de la actividad jurisdiccional o derecho a sentencia, pura y simplemente, ya que toda la actividad jurisdiccional tiende a preparar la emisión del fallo.

En contra de esta teoría, apunta Briseño Sierra, ha podido sostener Dos Reis que esta teoría “[…] considera como derecho subjetivo autónomo y distinto lo que no es sino una mera facultad, inherente al derecho de personalidad. Se trataría de una posibilidad semejante a la que tienen los individuos de viajar, divertirse, etc. Naturalmente, Dos Reis, niega que se pueda concebir el derecho de acción como algo preprocesal, como anterior a la demanda o a la existencia del proceso, ya que, no pudiendo el juez proceder por propia iniciativa, la acción vendría a consistir en una pretensión a la conducta prohibida por la organización jurídica, a la pretensión de un hecho ilícito.”

Como dice Briseño Sierra, todo lo conseguido por este camino ha sido la desnaturalización de la tesis inicial, ejemplo de ello son las consideraciones de Dos Reis al aceptar con modificaciones la tesis de Alfredo Rocco (derecho abstracto) mirando a la acción en su aspecto potencial y abstraído (carácter abstracto) y en su estado de realización (carácter concreto).

III. Teoría de la Acción como acto proyectivo.

“Ni la idea de la acción como derecho subjetivo, o cualidad, aspecto o consecuencia del mismo; ni la tesis del derecho subjetivo autónomo o público que se ha intentado contraponer al anterior como derecho a la tutela, como facultad potestativa o como posibilidad abstracta, han logrado precisar el significado.”[1]

Con estas palabras comienza su exposición el gran procesalista mexicano. Para él los esfuerzos doctrinarios no han logrado precisar el significado de la acción y lo único que han conseguido es hacer perceptible el carácter dinámico de este derecho, dejándolo sin sistematización.

En consecuencia, Briseño Sierra estima necesario comprender al dinamismo. Sobre éste afirma su alusión a movimiento: ya físico (dinamismo material), ya normativo (dinamismo normativo).

Sobre el segundo, que es el que nos interesa, Briseño Sierra considera a éste no como lo hace Kelsen cuando trata de los sistemas normativos regidos por el principio dinámico y de los cuales el autor vienes concluye que el derecho produce derecho, sino como “[…] a la estructura consecuencial, no disyuntiva sino continuada”[2] consignada en la norma. Dicho de otra forma “Una norma dinámica es aquélla que a partir de una conducta dada, en cadena [imperativamente] una secuencia de conductas.”[3]

Así, por ejemplo, “Si un precepto ordena que presentada la demanda sea estudiada por el juez, y si llena los requisitos legales se admita para correr traslado al demandado, emplazándole a contestar, en realidad está regulando una pluralidad de relaciones consecutivas.”[4]

En contra, la norma estática es aquella que estableciendo relaciones entre los sujetos deja inmovilizadas las pretensiones y prestaciones relativas o correlativas (por ejemplo, el comprador siempre está obligado al pago y el vendedor a la entrega del bien).

“La normatividad que tiene, por excelencia, la estructura dinámica es la que regula el procedimiento.”[5] “Sólo una normatividad procedimental puede llenar las notas del dinamismo.”[6]

Entendido lo anterior es factible concluir con Briseño Sierra (p. 486) que “El dinamismo jurídico atañe a toda norma procedimental, de manera que basta que la ley regule una secuencia de conexiones de actos provenientes de personas diferentes, para que construya un tránsito relacional.”

En lo atinente a un sistema normativo procedimental especial, es decir, tratándose del proceso, existe una especial instancia[7] que sirve para las conexiones que progresivamente le dan origen: la acción.

Esta instancia tiene la particularidad de provenir de un sujeto y provocar la conducta de otros dos en tiempos normativamente sucesivos. Al demandar el actor su promoción llega hasta el demandado pero a través del juez, y éste no es un mero objeto como lo sería el vehículo que transportaría la correspondencia.

Entre una epístola cualquiera y una demanda, la diferencia radica en que la última es la objetivación de un accionar procesal. El actor no busca incitar la respuesta del juez sino la contestación del demandado; pero para ello es preciso que el juez considere legalmente idónea la promoción y le dé traslado.

En este sentido jurídico de la acción permite hablar de una proyectividad, pues la dirección del acto provocatorio[sic] lleva hasta un tercer sujeto, de manera que resultan finalmente vinculados tres: accionante, juez y reaccionante[sic].

Si la acción estuviera solamente en el umbral de proceso, se confundiría con la demanda y tendría que buscarse un nuevo concepto para las instancias sucesivas. Pero acontece que a lo largo del proceso, configurándolo, se efectúan sucesivas proyecciones, gradualmente enlazadas para dar lugar a una continuidad de fases

Es por ello que la acción no está al principio sino en toda la extensión del proceso, y que acciona el actor cuando demanda, cuando prueba y alega, como acciona el demandante cuando prueba, cuando recurre, cuando contrademanda y alega de su reconvención.[8] [Las negritas son nuestras]

Por tanto, de lo anterior se puede concluir que la acción es «proyectiva» porque su ciclo no termina con la asunción del juzgador sino con la recepción de la contraparte. En ningún otro tipo de procedimiento simple se puede «invariar» una instancia tan peculiar como la acción procesal.

Si no se entiende bien a la proyectividad de la acción se podría pensar que ésta existe en otras instancias como la denuncia, la querella, la queja o el reacertamiento; sin embargo, si bien en todas estas instancias puede existir o haber un tercero, tal circunstancia no justifica hablar de proyectividad, pues ésta es la directa, aunque mediata, «provocación de reacción». El tercero en el derecho de petición no es incitado por el peticionario sino convocado por la autoridad. El tercero en la denuncia no es excitado por el denunciante, ni el querellado por el querellante, el funcionario por el quejoso o la autoridad por el recurrente.

Si en la denuncia el afectado va a declarar lo hace llamado por el agente del ministerio público, y otro tanto acontece con el querellado. El funcionario de quien se queja el particular, informa al superior pero no contesta una demanda. El recurrente en el reacertamiento administrativo no demanda a la autoridad de quien emanó el acto, sino más bien pretende de ella o de su superior la revocación mediante nuevo acertamiento. “No contesta la autoridad a una demanda; o reacierta su primer acto o envía las actuaciones para que la superior efectúe el reacertamiento. Pero en ninguno de estos casos se insta proyectivamente provocando la reacción del tercero.”[9]

Por último, cabe citar las palabras con las que concluye su exposición el eximio jurista mexicano:

La proyectividad no puede aparecer en otra esfera jurídica que no sea el proceso, precisamente porque el procedimiento singular que se ha creado con la bilateralidad de la instancia es resultado de una invariación de relaciones transitivas entres tres sujetos indispensables. No puede hablarse de acción sin actor y demandado. Hacerlos sería instaurar un procedimiento diverso. No se trata de la posibilidad legislativa, porque en la historia se ha conocido el procedimiento inquisitorial, apto para condenar a los presuntos responsables de delitos; pero el hecho de que en lugar de proceso se regule un procedimiento de averiguación, no se sigue que aquí haya acción, la cual sin proceso es imposible.[10] [Las negritas son nuestras]

Para aclarar mejor lo anterior, cabe dar algunas distinciones entre la acción y la pretensión.

En primer lugar, la pretensión, a diferencia de la acción o, inclusive, de cualquier instancia procedimental, no es abstracta sino que tiene una causa jurídica, y, por tal motivo, la pretensión tiene dos direcciones: hacía el pasado mira al supuesto y hacia el futuro el presupuesto. Por ejemplo: una petición administrativa para recabar un permiso de importación tiene como supuesto la invocación legal atingente al levantamiento de la prohibición para introducir en el país bienes extranjeros. Como presupuesto, esa misma petición mira hacia el permiso, o sea, hacia la prestación resolutiva.

Por lo anterior, la acción, como instancia autónoma, no necesita invocar antecedentes, no necesita la justificación; sin embargo, la pretensión que la acción refiere sí necesita aludir al supuesto. La prestación resolutiva no podría atender una pretensión que no tuviera apoyo en una causa legal.

En suma, instar, en cualquier procedimiento, es provocar una respuesta que sólo se puede encontrar si la pretensión es razonable o pertinente y la instancia satisface los requisitos de procedencia. Pero luego es menester que la pretensión sea atendida, a tal propósito debe sustanciarse el procedimiento por todas sus partes. Por último, la prestación resolutiva favorecerá a la pretensión si ésta, y no la instancia, llena el supuesto de su justificación; es decir, si se prueba y demuestra estar en condiciones de ser tutelado.

Trasponiendo lo anterior al caso de la acción, resultará, entonces, que ésta siempre será fundada y procedente y que, en caso de que la justificación de la pretensión sea falsa, simulada o fraudulenta, será ésta, en todo caso y no la acción, la que resultará infundada e improcedente.

En suma, se puede considerar a la Acción como el acto proyectivo que enlaza en tiempos sucesivamente normativas la respuesta de tres sujetos: accionante, juez y reaccionante.

NOTAS:

[1] Briseño Sierra,  Humberto, Derecho Procesal, 2a ed., México, Oxford, 2005, vol. I,  p. 483.

[2] Ibídem, p. 455.

[3] Ídem.

[4] Ibídem, p. 485.

[5] Ibídem, p. 456.

[6] Ídem.

[7] Por instancia debemos entender “[…] el derecho que tiene un particular para provocar la respuesta autoritaria a través de una relación dinámica.” Ibídem, p. 461

[8] Ibídem, p. 486.

[9] Ibídem, p. 487.

[10] Ibídem, p. 488.

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