¡Y ASÍ ES COMO LA SUPREMA CORTE, DE UN «PLUMAZO JURISPRUDENCIAL», TRANSFORMA EN «COSAS» A LOS «BIENES» QUE INTEGRAN AL PATRIMONIO DE FAMILIA!

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 385/2012 sostiene que la figura jurídica consistente en el «patrimonio de familia» extrae del comercio jurídico a los bienes que lo integran. En otras palabras, los bienes que integran dicho patrimonio quedan fuera del comercio y, con ello, es imposible jurídicamente que puedan ser objeto de un acto jurídico. Expliquémonos.

En Derecho Civil se distingue entre «cosa» y «bien». Sobre la primera se afirma que es todo lo que existe, en tanto que por el segundo se entiende aquella «cosa» que puede ser objeto de apropiación y que, por ello, no está excluida del comercio. Como se puede ver de lo anterior, la distinción entre «cosa» y «bien» radica en su comerciabilidad. El comercio, entendido en términos jurídicos y no económicos, hace referencia a la posibilidad de que un bien pueda ser objeto de una relación jurídica. Consecuentemente, las cosas que están fuera del comercio no pueden ser objeto de una relación jurídica y, por ello, son simples «cosas» y no «bienes». La distinción anterior es importante ya que sólo los bienes forman parte del patrimonio y sólo éstos son objeto de estudio y regulación del Derecho. En otras palabras, las «cosas» que no son «bienes» son indiferentes para el Derecho.

El Código Civil del Estado de México en su artículo 5.1 define a los bienes como “[…] las cosas que pueden ser objeto de apropiación y que no estén excluidas del comercio.”  En los artículos 5.2 y 5.3 el propio código señala que las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley; en el primer caso estamos ante aquellas cosas que, por su sustancia propia, son irreductibles a propiedad individual (v. gr.: el sol, el aire, las estrellas); en el segundo caso estamos ante aquellas cosas que la ley declara irreductibles a propiedad particular (el opio, la heroína, la mariguana, el cadáver, etcétera).

Por lo que hace al tema que aquí nos interesa, debemos insistir en que sólo los bienes pueden ser objeto de una relación jurídica. Esto queda evidenciado cuando el Código Civil del Estado de México dispone en su artículo 7.66 que para que una «cosa» pueda ser objeto de un contrato es necesario que la misma exista (o sea susceptible de existir) en la naturaleza, sea determinada o determinable en cuanto a su especie y esté dentro del comercio. Esta última aserción sobre la comerciabilidad de las cosas propiamente nos conduce al concepto de «bien» y, por ello, podemos afirmar que sólo los «bienes» pueden ser objeto de un contrato.

Así entonces, el contrato de compraventa que tenga por objeto tres kilos de mariguana realmente no es tal, es decir, no es contrato, ya que al tener por objeto un bien que está fuera del comercio, jurídicamente no tiene objeto y, por tanto, tal acto es jurídicamente inexistente. Lo mismo puede afirmarse del contrato de arrendamiento que tenga por objeto al aire. El aire, al estar fuera del comercio, no puede ser objeto de una relación jurídica y, por ello, el acto que sobre tal cosa verse no es jurídico.

Por lo que hace al «patrimonio de familia», en palabras de Galindo Garfias, éste es “el conjunto de bienes destinados por uno de los miembros de la familia, a satisfacer las necesidades de ésta”. En el Diccionario Jurídico Mexicano se define al patrimonio de familia como “un bien o un conjunto de bienes que la ley señala como temporalmente inalienables o inembargables para que respondan a la seguridad de los acreedores alimentarios familiares.”

El Código Civil del Estado de México en su artículo 4.376 dispone que pueden ser objeto del patrimonio de familia la casa habitación y, en algunos casos, una parcela cultivable; el mismo código en el artículo 4.382 afirma que el valor máximo de los bienes afectos al «patrimonio de familia» será el equivalente a diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona de ubicación de los inmuebles al momento de su constitución; por su parte, el artículo 4.380 del código en cita señala que el «patrimonio de familia» es inalienable y que no puede estar sujeto a gravamen alguno, en tanto que el artículo 2.189 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México dispone, en su fracción I, que los bienes que constituyen el «patrimonio de familia» son inembargables.

Constitucionalmente, la institución del «patrimonio de familia» encuentra su fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción XVII del artículo 27 y fracción XXVIII del artículo 123, los cuales señalan que serán las leyes las que determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia; que los bienes que lo integren serán inalienables; que no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y que sólo serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.

De la lectura de los preceptos del Código Civil que regulan al «patrimonio de familia» así como de los artículos constitucionales que lo sustentan como derecho fundamental, se desprende que el Código Civil se adecua a la preceptiva constitucional, tan así que proclama el carácter inalienable e inembargable de los bienes que forman parte de dicho patrimonio. Sin embargo, en ningún momento ni el Código ni la Constitución afirman que los bienes objeto del «patrimonio de familia» no puedan usucapirse o sean, y utilizando la expresión de los códigos que sigan al federal, imprescriptibles. De igual forma cabe resaltar que la inalienabilidad no es absoluta, pues la propia Constitución autoriza la transmisión de dichos bienes mediante un procedimiento sucesorio mortis causa simplificado (fracción XXVIII del artículo 123 de la Constitución). De igual forma, ni la preceptiva constitucional ni la legal afirman que los bienes que integran el patrimonio de familia no puedan ser objeto de una relación jurídica, es decir, nunca afirman que tales bienes, al constituirse el patrimonio de familia, dejan de ser bienes por estar fuera del comercio.

Llegado a este punto quiero insistir en el carácter diferencial entre inalienabilidad y no comerciabilidad o estar fuera del comercio, pues la primera no es condición necesaria de la segunda y puede estar o no estar en las cosas que están dentro del comercio.

Así entonces, como ya lo mencionamos, la calificativa sobre la pertenencia o no de las cosas al comercio jurídico es una calificativa definitoria de lo que son los bienes. En otras palabras, si una cosa está dentro del comercio, esa cosa cumple con uno de los presupuestos para ser considerado bien, pues en caso contrario, estaremos en presencia de una simple cosa, pero no de un bien.

En cambio, la inalienabilidad es una calificativa que no es definitoria de lo que es un bien, lo que significa que un bien —en tanto cosa apropiable y dentro del comercio— puede o no ser inalienable. Por ejemplo: un camión de recolección de basura; éste, según dispone el artículo 5.13 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en los artículos 14 y 18, fracción VI, de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, es un bien afectado a la prestación de un servicio público y, por ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 5.14 del Código Civil, así como en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, es inalienable, imprescriptible y no estará sujeto a gravamen o afectación de dominio alguna, mientras no pierda su carácter de bien destinado al servicio público.

En otras palabras, el camión de basura, en tanto bien, es objeto de una relación jurídica cuyo titular es ya el Estado o ya los municipios, pues ellos usan y disfrutan dicho bien para la prestación del servicio público de recolección de basura, y, por tanto, está dentro del comercio. Pero además cumple con el otro presupuesto para ser bien, pues es objeto del derecho real de propiedad ya del Estado o ya del Municipio.

La circunstancia de que dicho camión de basura resulta ser inalienable, imprescriptible e inembargable no lo excluye del comercio, más bien lo presupone, pues caso contrario no tendría sentido dispensar una tutela especial al titular de dicho bien.

En efecto, los calificativos de inalienable, imprescriptible e inembargable son adjetivos que sólo tiene sentido predicar de los bienes. En otras palabras, decir que algo es inalienable, imprescriptible o inembargable sólo cobra sentido cuando ese algo es un bien, pues sólo las cosas que pueden ser objeto de una relación jurídica y que, por ello, están dentro del comercio, son las que pueden ser excluidas de las relaciones de enajenación, adquisición y garantía.

Predicar que las cosas —en tanto bienes inapropiables y fuera del comercio— son inalienables, inembargables e imprescriptibles (o inusucapibles) es un sin sentido, pues en tanto cosas, están excluidas no sólo de las relaciones de enajenación, adquisición y garantía o gravamen, sino que están excluidas de toda relación jurídica, es decir,  fuera del comercio, y al no poder ser objeto de relación jurídica alguna, necesariamente son inalienables, inusucapibles e inembargables, pero ello no en razón de que el derecho les dispense una tutela específica, sino por razón de que no tiene sentido afirmar la posibilidad de enajenar, adquirir o embargar algo que, en principio, no puede ser adquirido ni sometido a una relación jurídica.

En suma, afirmar que las cosas son inalienables, inembargables e inusucapibles es tan ridículo como querer afirmar que los rayos del sol, de los cuales no soy propietario ni tengo derecho alguno, no los puedo vender ni adquirir por usucapión ni someter a gravamen alguno. Se insiste, las simples cosas no son del interés del Derecho y, por ello, éste no nos otorga ninguna facultad ni privilegio sobre ellas.

Sentado lo anterior, podemos afirmar que el patrimonio de familia, como lo señala la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un patrimonio de afectación en el cual se destina una casa habitación o una parcela cultivable a la satisfacción de una finalidad: alcanzar la seguridad jurídica de los deudores alimentistas. Así entonces, y en función de dicha finalidad, se impone la necesidad de dispensar una tutela específica sobre dichos bienes a efecto de impedir que el titular de ellos la vuelva nugatoria. Dicha tutela consiste en restringir las relaciones jurídicas de las cuales pueden ser objeto dichos bienes: no pueden ser enajenados (inalienables), no pueden ser adquiridos por usucapión (imprescriptibles) y no pueden ser objeto de gravamen alguno.

Sin embargo, las restricciones anteriores no significan que los bienes dejen de ser objeto de toda relación jurídica o, y en otras palabras, el carácter inalienable, imprescriptible e inembargables de los bienes que constituyen el patrimonio de familia no los vuelve cosas fuera del comercio.

En efecto, la constitución del patrimonio de familia no significa, en principio, la extinción del derecho real de propiedad. Simplemente conlleva la restricción de ejercer las facultades de disposición que tal derecho supone.

En segundo lugar, la constitución del patrimonio de familia no excluye a los bienes que lo integran de las relaciones jurídicas de goce y disfrute. En efecto, la ley permite que las personas a cuyo favor se constituye el patrimonio de familia puedan servirse de la casa habitación y hacerse de los frutos que la parcela produce (artículo 4.378 del Código Civil). Es decir, les da el derecho de gozar la casa y disfrutar la parcela.

Finalmente, la constitución del patrimonio de familia tampoco impide que sobre los bienes que lo integran pueda establecerse una relación jurídica de locación o aparcería. En efecto, el Código Civil en su artículo 4.388 autoriza a dar en arrendamiento o aparcería los bienes que constituyen el patrimonio de familia.

Por tanto, es falso que los bienes que constituyen el patrimonio de familia queden, por ese sólo hecho, fuera del comercio.

De igual forma es incorrecta la inferencia que pretende derivar de la aserción de que sólo los bienes en el comercio pueden usucapirse (o prescribirse), la correlativa de que, por esta razón, y al no poder usucapirse los bienes que integran el patrimonio de familia, éstos están fuera del comercio.

Hay que hacer las precisiones necesarias para entender bien el problema.

Es cierto que tanto el Código Civil de Chihuahua (artículos 718 a 729) como el de Nuevo León (artículos 747 a 748) son uniformes al afirmar que sólo las «cosas» que están dentro del comercio son susceptibles de apropiación y que están fuera del comercio: a) por su naturaleza, aquellas que no son susceptibles de ser poseídas por persona alguna, y b) por disposición de la ley, aquellas que no pueden ser reducidas a propiedad particular.

De igual forma, ambos códigos —a diferencia del Código Civil del Estado de México que sí distingue entre cosa, cómo género y bien, como especie— utilizan los términos «cosa» y «bien» como sinónimos. Sin embargo, ello no significa que dichos códigos no distingan entre las cosas que son objeto de la regulación del derecho de aquellas que no lo son. En otras palabras, para tales códigos, de todo lo que existe (cosas), hay algunas cosas que sí son objeto de tutela jurídica; a estas cosas las regulan en un libro específico al que denominan «De los bienes»; es decir, si bien ambos códigos no diferencian explícitamente entre cosa y bien como lo hace el código mexiquense, sí parten de la idea que postula el mexiquense: la distinción entre cosas simples y cosas que pueden ser objeto del Derecho, a las que regulan bajo un libro del Código que intitulan «De los bienes». Por tanto, guardada proporción, lo dicho hasta aquí sobre las cosas y los bienes es aplicable a ambos códigos, tanto al de Chihuahua como al de Nuevo León.

Entendido lo anterior, podemos sostener que lo dispuesto en los artículos 1139 y 1134 de los Códigos Civiles de Chihuahua y Nuevo León no es una razón para excluir del comercio a los bienes que integran el patrimonio de familia.

En efecto, la aserción que hacen ambos códigos sobre que sólo las cosas que están dentro del comercio pueden prescribirse, no es sino una reformulación del principio previsto en los artículos 718 y 747 de los Códigos de Chihuahua y Nuevo León que señalan que sólo las cosas que están en el comercio pueden ser objeto de apropiación. En otras palabras, y a contrario sensu, los bienes que no están dentro del comercio no pueden ser objeto de apropiación; por esta razón, las cosas que están fuera del comercio no pueden ser objeto de un medio para adquirir la propiedad, pues son jurídicamente inapropiables.

Por lo que hace a los bienes que constituyen el patrimonio de familia, lo razonado en el párrafo anterior es inaplicable a éstos pues, en términos de lo dispuesto por los artículos 699 y 725 de los Códigos de Chihuahua y Nuevo León, respectivamente, (4.377 del mexiquense) la constitución del patrimonio de familia no tiene por efecto extinguir el derecho de propiedad de su titular. Su constitución sólo le restringe a éste su facultad de disposición, pero no extingue su derecho. Por tanto, no se trata de bienes que queden, por la constitución del patrimonio de familia, fuera del comercio, sino de una restricción al ejercicio completo de las facultades derivadas de su derecho de propiedad.

Finalmente, no cabe sino insistir en que la especial tutela que el derecho dispensa a ciertos bienes, como en el caso ocurre con los del patrimonio de familia, no significa que éstos queden fuera del comercio; es decir, y como lo hemos manifestado ya, el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de algunos bienes, en principio, supone la calidad de bien (o cosa objeto de tutela jurídica) y, en segundo lugar,  no tiene por efecto excluirlos del comercio, sino sólo restringir las relaciones jurídicas de las cuales pueden ser objeto.

Afirmar que los bienes del patrimonio de familia están fuera del comercio y que, por ello, no pueden ser poseídos por persona alguna, es un contrasentido, pues el patrimonio de familia supone la posesión de los miembros a cuyo favor se constituye. Así entonces, o el patrimonio de familia faculta a los titulares del mismo a poseerlo, servirse y disfrutar de él o lo extrae de la tutela jurídica y lo convierte en una simple cosa. Nos parece que la postura correcta es la primera.

Terminamos este ejercicio señalando que la tesis objeto de este ensayo es la siguiente:

PATRIMONIO DE FAMILIA. LOS BIENES QUE LO CONSTITUYEN ESTÁN FUERA DEL COMERCIO Y, POR ENDE, NO SON SUSCEPTIBLES DE PRESCRIBIR (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y NUEVO LEÓN).

El patrimonio de familia se define como una institución de interés público, por el cual se destina uno o más bienes a la protección económica y sostenimiento del hogar y de la familia, cuya existencia está amparada en el artículo 123, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de familia, los cuales serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni a embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. Por su parte, el numeral 27, fracción XVII, párrafo tercero, de la propia Constitución, establece que las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen. Ahora bien, en acatamiento a lo anterior, los Códigos Civiles para el Estado de Nuevo León y del Estado de Chihuahua organizan esta institución en los artículos 723 a 740, y 702 a 713, respectivamente, de los cuales deriva que el patrimonio familiar es un patrimonio de afectación, pues el bien del o los deudores alimentistas (como por ejemplo la casa habitación) queda afectado a fin de dar seguridad jurídica al núcleo familiar y así la familia tenga un lugar donde habitar, intocable para los acreedores de quien lo constituyó, pues no podrán embargarlo ni enajenarlo mientras esté afecto al fin de patrimonio de familia. Ahora bien, los numerales 1134 y 1139 de los códigos citados establecen, respectivamente, que sólo pueden prescribirse los bienes y las obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas en la ley. De ahí que, por mandato constitucional, mientras algún bien constituya el patrimonio de familia y no exista una declaración judicial o notarial que lo extinga, o bien, que esté dentro del caso de excepción de que se expropie, es inalienable, inembargable y no está sujeto a gravamen alguno, es decir, está fuera del comercio, entendiéndose como tal, aquel bien que por su naturaleza o por disposición de la ley no puede poseerse por algún individuo exclusivamente y, por tanto, al no estar dentro del comercio no es susceptible de prescribir.[1]

[1] Tesis de jurisprudencia: 1a./J. 77/2014 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 13, diciembre de 2014, tomo I, materia civil, página 198, registro 2008082.

IMPORTANTE:

Si utiliza o cita este trabajo le agradeceríamos que reconociera la autoría del Licenciado Rolando Durán Dávila.

Se recomienda realizar la cita de la siguiente manera:

DURÁN DÁVILA, Rolando, ¡Y así es como la suprema corte, de un «plumazo jurisprudencial», transforma en «cosas» a los «bienes» que integran al patrimonio de familia!, [en línea], México, 2 de junio de 2015, [citado: fecha de citación], formato html, disponible en: https://durandavila.com/2015/06/02/y-asi-es-como-la-suprema-corte-de-un-plumazo-jurisprudencial-transforma-en-cosas-a-los-bienes-que-integran-al-patrimonio-de-familia/

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