TEORÍAS DE LA ACCIÓN

I. La acción identificada con el mismo derecho subjetivo.

Dentro de estas teorías hay dos concepciones: la acción-derecho y la acción-medio.

La acción como derecho tiene su origen en la sentencia de Celso: ius persequendi quod sibi debetur; es decir, el derecho de perseguir lo que nos es debido.

La acción como medio es definida por Heinneccius como “[…] un medio legítimo para reclamar en juicio los derechos que nos pertenecen.”

II .La acción como un derecho autónomo e independiente del subjetivo.

Para los sostenedores de esta corriente, hay casos en los que existe el derecho subjetivo y no existe la acción; y por el contrario, otros en que hay acción y no existe derecho subjetivo.

“La acción no constituye un todo único con la obligación, ni es el medio para hacer efectiva ésta, ni es la obligación en su tendencia a hacerse efectiva, ni un efecto de la obligación, ni un elemento o una función del derecho subjetivo, sino un derecho distinto y autónomo que nace y puede extinguirse independientemente de la obligación.”

Dentro de esta última corriente surgieron las corrientes que intentaban explicar la naturaleza de la acción como un derecho a la tutela por parte del Estado, como una facultada potestativa y como una posibilidad abstracta.

1. Acción como un derecho a la tutela del Estado.

La teoría del derecho concreto a tutela jurídica comienza por observar que la acción no puede considerarse un derecho abstracto, perteneciente a cualquier titular de derechos por el simple hecho de tener personalidad jurídica. Eso no es el derecho de acción, sino una simple posibilidad de acción, una mera facultad abstracta. El derecho de acción supone en quien lo ejercita ciertos requisitos de carácter substancial y procesal que le dan derecho a una sentencia favorable. La acción es, por tanto, el derecho concreto a la tutela jurídica del Estado o, en otras palabras, un derecho subjetivo público.

2. Acción como derecho potestativo

Sostienen los autores de esta corriente que, a lado de los derechos reales y personales, existen otros que consisten en un mero poder jurídico, en la facultad de producir un cierto efecto jurídico, sin que la persona que ha de sufrir ese efecto esté obligada a ninguna prestación o servicio.

El titular de esos derechos tiene el poder de producir, por un simple acto de voluntad, un cierto efecto jurídico que puede consistir en hacer cesar un estado jurídico existente o en crear un estado jurídico nuevo.

Los derechos potestativos son, por tanto, derechos a los que no corresponde una obligación y cuyo contenido se resuelve en una modificación del estado jurídico existente, producida por un simple acto de voluntad individual del respectivo titular.

La acción pertenece exactamente a la categoría de los derechos potestativos.

Al proponer la acción, el actor no hace sino usar de un poder jurídico destinado a producir un efecto sobre la persona del adversario, efecto que consiste en la emisión de la sentencia a la que el demandado queda sujeto.

La acción es un poder destinado a producir un efecto jurídico sobre la persona del adversario, que tiene que sufrirlo, pero sin estar obligado a ninguna prestación o servicio.

Ahora bien, la crítica a esta tesis consiste, como apunta Briseño Sierra, en que en realidad no hay tales derechos potestativos, sino una exageración de la nota “realización”.

3. Acción como una posibilidad abstracta

Según esta teoría, la acción es un derecho subjetivo público del ciudadano para con el Estado, y sólo para con el Estado, teniendo por objeto la prestación de la actividad de los órganos jurisdiccionales para la eliminación de los obstáculos que la inobservancia o la incertidumbre de la norma jurídica oponen a la realización de los intereses tutelados por el derecho objetivo.

En suma, la teoría del derecho abstracto considera la acción como derecho a la prestación de la actividad jurisdiccional o derecho a sentencia, pura y simplemente, ya que toda la actividad jurisdiccional tiende a preparar la emisión del fallo.

En contra de esta teoría, apunta Briseño Sierra, ha podido sostener Dos Reis que esta teoría “[…] considera como derecho subjetivo autónomo y distinto lo que no es sino una mera facultad, inherente al derecho de personalidad. Se trataría de una posibilidad semejante a la que tienen los individuos de viajar, divertirse, etc. Naturalmente, Dos Reis, niega que se pueda concebir el derecho de acción como algo preprocesal, como anterior a la demanda o a la existencia del proceso, ya que, no pudiendo el juez proceder por propia iniciativa, la acción vendría a consistir en una pretensión a la conducta prohibida por la organización jurídica, a la pretensión de un hecho ilícito.”

Como dice Briseño Sierra, todo lo conseguido por este camino ha sido la desnaturalización de la tesis inicial, ejemplo de ello son las consideraciones de Dos Reis al aceptar con modificaciones la tesis de Alfredo Rocco (derecho abstracto) mirando a la acción en su aspecto potencial y abstraído (carácter abstracto) y en su estado de realización (carácter concreto).

III. Teoría de la Acción como acto proyectivo.

“Ni la idea de la acción como derecho subjetivo, o cualidad, aspecto o consecuencia del mismo; ni la tesis del derecho subjetivo autónomo o público que se ha intentado contraponer al anterior como derecho a la tutela, como facultad potestativa o como posibilidad abstracta, han logrado precisar el significado.”[1]

Con estas palabras comienza su exposición el gran procesalista mexicano. Para él los esfuerzos doctrinarios no han logrado precisar el significado de la acción y lo único que han conseguido es hacer perceptible el carácter dinámico de este derecho, dejándolo sin sistematización.

En consecuencia, Briseño Sierra estima necesario comprender al dinamismo. Sobre éste afirma su alusión a movimiento: ya físico (dinamismo material), ya normativo (dinamismo normativo).

Sobre el segundo, que es el que nos interesa, Briseño Sierra considera a éste no como lo hace Kelsen cuando trata de los sistemas normativos regidos por el principio dinámico y de los cuales el autor vienes concluye que el derecho produce derecho, sino como “[…] a la estructura consecuencial, no disyuntiva sino continuada”[2] consignada en la norma. Dicho de otra forma “Una norma dinámica es aquélla que a partir de una conducta dada, en cadena [imperativamente] una secuencia de conductas.”[3]

Así, por ejemplo, “Si un precepto ordena que presentada la demanda sea estudiada por el juez, y si llena los requisitos legales se admita para correr traslado al demandado, emplazándole a contestar, en realidad está regulando una pluralidad de relaciones consecutivas.”[4]

En contra, la norma estática es aquella que estableciendo relaciones entre los sujetos deja inmovilizadas las pretensiones y prestaciones relativas o correlativas (por ejemplo, el comprador siempre está obligado al pago y el vendedor a la entrega del bien).

“La normatividad que tiene, por excelencia, la estructura dinámica es la que regula el procedimiento.”[5] “Sólo una normatividad procedimental puede llenar las notas del dinamismo.”[6]

Entendido lo anterior es factible concluir con Briseño Sierra (p. 486) que “El dinamismo jurídico atañe a toda norma procedimental, de manera que basta que la ley regule una secuencia de conexiones de actos provenientes de personas diferentes, para que construya un tránsito relacional.”

En lo atinente a un sistema normativo procedimental especial, es decir, tratándose del proceso, existe una especial instancia[7] que sirve para las conexiones que progresivamente le dan origen: la acción.

Esta instancia tiene la particularidad de provenir de un sujeto y provocar la conducta de otros dos en tiempos normativamente sucesivos. Al demandar el actor su promoción llega hasta el demandado pero a través del juez, y éste no es un mero objeto como lo sería el vehículo que transportaría la correspondencia.

Entre una epístola cualquiera y una demanda, la diferencia radica en que la última es la objetivación de un accionar procesal. El actor no busca incitar la respuesta del juez sino la contestación del demandado; pero para ello es preciso que el juez considere legalmente idónea la promoción y le dé traslado.

En este sentido jurídico de la acción permite hablar de una proyectividad, pues la dirección del acto provocatorio[sic] lleva hasta un tercer sujeto, de manera que resultan finalmente vinculados tres: accionante, juez y reaccionante[sic].

Si la acción estuviera solamente en el umbral de proceso, se confundiría con la demanda y tendría que buscarse un nuevo concepto para las instancias sucesivas. Pero acontece que a lo largo del proceso, configurándolo, se efectúan sucesivas proyecciones, gradualmente enlazadas para dar lugar a una continuidad de fases

Es por ello que la acción no está al principio sino en toda la extensión del proceso, y que acciona el actor cuando demanda, cuando prueba y alega, como acciona el demandante cuando prueba, cuando recurre, cuando contrademanda y alega de su reconvención.[8] [Las negritas son nuestras]

Por tanto, de lo anterior se puede concluir que la acción es «proyectiva» porque su ciclo no termina con la asunción del juzgador sino con la recepción de la contraparte. En ningún otro tipo de procedimiento simple se puede «invariar» una instancia tan peculiar como la acción procesal.

Si no se entiende bien a la proyectividad de la acción se podría pensar que ésta existe en otras instancias como la denuncia, la querella, la queja o el reacertamiento; sin embargo, si bien en todas estas instancias puede existir o haber un tercero, tal circunstancia no justifica hablar de proyectividad, pues ésta es la directa, aunque mediata, «provocación de reacción». El tercero en el derecho de petición no es incitado por el peticionario sino convocado por la autoridad. El tercero en la denuncia no es excitado por el denunciante, ni el querellado por el querellante, el funcionario por el quejoso o la autoridad por el recurrente.

Si en la denuncia el afectado va a declarar lo hace llamado por el agente del ministerio público, y otro tanto acontece con el querellado. El funcionario de quien se queja el particular, informa al superior pero no contesta una demanda. El recurrente en el reacertamiento administrativo no demanda a la autoridad de quien emanó el acto, sino más bien pretende de ella o de su superior la revocación mediante nuevo acertamiento. “No contesta la autoridad a una demanda; o reacierta su primer acto o envía las actuaciones para que la superior efectúe el reacertamiento. Pero en ninguno de estos casos se insta proyectivamente provocando la reacción del tercero.”[9]

Por último, cabe citar las palabras con las que concluye su exposición el eximio jurista mexicano:

La proyectividad no puede aparecer en otra esfera jurídica que no sea el proceso, precisamente porque el procedimiento singular que se ha creado con la bilateralidad de la instancia es resultado de una invariación de relaciones transitivas entres tres sujetos indispensables. No puede hablarse de acción sin actor y demandado. Hacerlos sería instaurar un procedimiento diverso. No se trata de la posibilidad legislativa, porque en la historia se ha conocido el procedimiento inquisitorial, apto para condenar a los presuntos responsables de delitos; pero el hecho de que en lugar de proceso se regule un procedimiento de averiguación, no se sigue que aquí haya acción, la cual sin proceso es imposible.[10] [Las negritas son nuestras]

Para aclarar mejor lo anterior, cabe dar algunas distinciones entre la acción y la pretensión.

En primer lugar, la pretensión, a diferencia de la acción o, inclusive, de cualquier instancia procedimental, no es abstracta sino que tiene una causa jurídica, y, por tal motivo, la pretensión tiene dos direcciones: hacía el pasado mira al supuesto y hacia el futuro el presupuesto. Por ejemplo: una petición administrativa para recabar un permiso de importación tiene como supuesto la invocación legal atingente al levantamiento de la prohibición para introducir en el país bienes extranjeros. Como presupuesto, esa misma petición mira hacia el permiso, o sea, hacia la prestación resolutiva.

Por lo anterior, la acción, como instancia autónoma, no necesita invocar antecedentes, no necesita la justificación; sin embargo, la pretensión que la acción refiere sí necesita aludir al supuesto. La prestación resolutiva no podría atender una pretensión que no tuviera apoyo en una causa legal.

En suma, instar, en cualquier procedimiento, es provocar una respuesta que sólo se puede encontrar si la pretensión es razonable o pertinente y la instancia satisface los requisitos de procedencia. Pero luego es menester que la pretensión sea atendida, a tal propósito debe sustanciarse el procedimiento por todas sus partes. Por último, la prestación resolutiva favorecerá a la pretensión si ésta, y no la instancia, llena el supuesto de su justificación; es decir, si se prueba y demuestra estar en condiciones de ser tutelado.

Trasponiendo lo anterior al caso de la acción, resultará, entonces, que ésta siempre será fundada y procedente y que, en caso de que la justificación de la pretensión sea falsa, simulada o fraudulenta, será ésta, en todo caso y no la acción, la que resultará infundada e improcedente.

En suma, se puede considerar a la Acción como el acto proyectivo que enlaza en tiempos sucesivamente normativas la respuesta de tres sujetos: accionante, juez y reaccionante.

NOTAS:

[1] Briseño Sierra,  Humberto, Derecho Procesal, 2a ed., México, Oxford, 2005, vol. I,  p. 483.

[2] Ibídem, p. 455.

[3] Ídem.

[4] Ibídem, p. 485.

[5] Ibídem, p. 456.

[6] Ídem.

[7] Por instancia debemos entender “[…] el derecho que tiene un particular para provocar la respuesta autoritaria a través de una relación dinámica.” Ibídem, p. 461

[8] Ibídem, p. 486.

[9] Ibídem, p. 487.

[10] Ibídem, p. 488.

¡Y ASÍ ES COMO LA SUPREMA CORTE, DE UN «PLUMAZO JURISPRUDENCIAL», TRANSFORMA EN «COSAS» A LOS «BIENES» QUE INTEGRAN AL PATRIMONIO DE FAMILIA!

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 385/2012 sostiene que la figura jurídica consistente en el «patrimonio de familia» extrae del comercio jurídico a los bienes que lo integran. En otras palabras, los bienes que integran dicho patrimonio quedan fuera del comercio y, con ello, es imposible jurídicamente que puedan ser objeto de un acto jurídico. Expliquémonos.

En Derecho Civil se distingue entre «cosa» y «bien». Sobre la primera se afirma que es todo lo que existe, en tanto que por el segundo se entiende aquella «cosa» que puede ser objeto de apropiación y que, por ello, no está excluida del comercio. Como se puede ver de lo anterior, la distinción entre «cosa» y «bien» radica en su comerciabilidad. El comercio, entendido en términos jurídicos y no económicos, hace referencia a la posibilidad de que un bien pueda ser objeto de una relación jurídica. Consecuentemente, las cosas que están fuera del comercio no pueden ser objeto de una relación jurídica y, por ello, son simples «cosas» y no «bienes». La distinción anterior es importante ya que sólo los bienes forman parte del patrimonio y sólo éstos son objeto de estudio y regulación del Derecho. En otras palabras, las «cosas» que no son «bienes» son indiferentes para el Derecho.

El Código Civil del Estado de México en su artículo 5.1 define a los bienes como “[…] las cosas que pueden ser objeto de apropiación y que no estén excluidas del comercio.”  En los artículos 5.2 y 5.3 el propio código señala que las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley; en el primer caso estamos ante aquellas cosas que, por su sustancia propia, son irreductibles a propiedad individual (v. gr.: el sol, el aire, las estrellas); en el segundo caso estamos ante aquellas cosas que la ley declara irreductibles a propiedad particular (el opio, la heroína, la mariguana, el cadáver, etcétera).

Por lo que hace al tema que aquí nos interesa, debemos insistir en que sólo los bienes pueden ser objeto de una relación jurídica. Esto queda evidenciado cuando el Código Civil del Estado de México dispone en su artículo 7.66 que para que una «cosa» pueda ser objeto de un contrato es necesario que la misma exista (o sea susceptible de existir) en la naturaleza, sea determinada o determinable en cuanto a su especie y esté dentro del comercio. Esta última aserción sobre la comerciabilidad de las cosas propiamente nos conduce al concepto de «bien» y, por ello, podemos afirmar que sólo los «bienes» pueden ser objeto de un contrato.

Así entonces, el contrato de compraventa que tenga por objeto tres kilos de mariguana realmente no es tal, es decir, no es contrato, ya que al tener por objeto un bien que está fuera del comercio, jurídicamente no tiene objeto y, por tanto, tal acto es jurídicamente inexistente. Lo mismo puede afirmarse del contrato de arrendamiento que tenga por objeto al aire. El aire, al estar fuera del comercio, no puede ser objeto de una relación jurídica y, por ello, el acto que sobre tal cosa verse no es jurídico.

Por lo que hace al «patrimonio de familia», en palabras de Galindo Garfias, éste es “el conjunto de bienes destinados por uno de los miembros de la familia, a satisfacer las necesidades de ésta”. En el Diccionario Jurídico Mexicano se define al patrimonio de familia como “un bien o un conjunto de bienes que la ley señala como temporalmente inalienables o inembargables para que respondan a la seguridad de los acreedores alimentarios familiares.”

El Código Civil del Estado de México en su artículo 4.376 dispone que pueden ser objeto del patrimonio de familia la casa habitación y, en algunos casos, una parcela cultivable; el mismo código en el artículo 4.382 afirma que el valor máximo de los bienes afectos al «patrimonio de familia» será el equivalente a diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona de ubicación de los inmuebles al momento de su constitución; por su parte, el artículo 4.380 del código en cita señala que el «patrimonio de familia» es inalienable y que no puede estar sujeto a gravamen alguno, en tanto que el artículo 2.189 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México dispone, en su fracción I, que los bienes que constituyen el «patrimonio de familia» son inembargables.

Constitucionalmente, la institución del «patrimonio de familia» encuentra su fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción XVII del artículo 27 y fracción XXVIII del artículo 123, los cuales señalan que serán las leyes las que determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia; que los bienes que lo integren serán inalienables; que no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y que sólo serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.

De la lectura de los preceptos del Código Civil que regulan al «patrimonio de familia» así como de los artículos constitucionales que lo sustentan como derecho fundamental, se desprende que el Código Civil se adecua a la preceptiva constitucional, tan así que proclama el carácter inalienable e inembargable de los bienes que forman parte de dicho patrimonio. Sin embargo, en ningún momento ni el Código ni la Constitución afirman que los bienes objeto del «patrimonio de familia» no puedan usucapirse o sean, y utilizando la expresión de los códigos que sigan al federal, imprescriptibles. De igual forma cabe resaltar que la inalienabilidad no es absoluta, pues la propia Constitución autoriza la transmisión de dichos bienes mediante un procedimiento sucesorio mortis causa simplificado (fracción XXVIII del artículo 123 de la Constitución). De igual forma, ni la preceptiva constitucional ni la legal afirman que los bienes que integran el patrimonio de familia no puedan ser objeto de una relación jurídica, es decir, nunca afirman que tales bienes, al constituirse el patrimonio de familia, dejan de ser bienes por estar fuera del comercio.

Llegado a este punto quiero insistir en el carácter diferencial entre inalienabilidad y no comerciabilidad o estar fuera del comercio, pues la primera no es condición necesaria de la segunda y puede estar o no estar en las cosas que están dentro del comercio.

Así entonces, como ya lo mencionamos, la calificativa sobre la pertenencia o no de las cosas al comercio jurídico es una calificativa definitoria de lo que son los bienes. En otras palabras, si una cosa está dentro del comercio, esa cosa cumple con uno de los presupuestos para ser considerado bien, pues en caso contrario, estaremos en presencia de una simple cosa, pero no de un bien.

En cambio, la inalienabilidad es una calificativa que no es definitoria de lo que es un bien, lo que significa que un bien —en tanto cosa apropiable y dentro del comercio— puede o no ser inalienable. Por ejemplo: un camión de recolección de basura; éste, según dispone el artículo 5.13 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en los artículos 14 y 18, fracción VI, de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, es un bien afectado a la prestación de un servicio público y, por ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 5.14 del Código Civil, así como en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, es inalienable, imprescriptible y no estará sujeto a gravamen o afectación de dominio alguna, mientras no pierda su carácter de bien destinado al servicio público.

En otras palabras, el camión de basura, en tanto bien, es objeto de una relación jurídica cuyo titular es ya el Estado o ya los municipios, pues ellos usan y disfrutan dicho bien para la prestación del servicio público de recolección de basura, y, por tanto, está dentro del comercio. Pero además cumple con el otro presupuesto para ser bien, pues es objeto del derecho real de propiedad ya del Estado o ya del Municipio.

La circunstancia de que dicho camión de basura resulta ser inalienable, imprescriptible e inembargable no lo excluye del comercio, más bien lo presupone, pues caso contrario no tendría sentido dispensar una tutela especial al titular de dicho bien.

En efecto, los calificativos de inalienable, imprescriptible e inembargable son adjetivos que sólo tiene sentido predicar de los bienes. En otras palabras, decir que algo es inalienable, imprescriptible o inembargable sólo cobra sentido cuando ese algo es un bien, pues sólo las cosas que pueden ser objeto de una relación jurídica y que, por ello, están dentro del comercio, son las que pueden ser excluidas de las relaciones de enajenación, adquisición y garantía.

Predicar que las cosas —en tanto bienes inapropiables y fuera del comercio— son inalienables, inembargables e imprescriptibles (o inusucapibles) es un sin sentido, pues en tanto cosas, están excluidas no sólo de las relaciones de enajenación, adquisición y garantía o gravamen, sino que están excluidas de toda relación jurídica, es decir,  fuera del comercio, y al no poder ser objeto de relación jurídica alguna, necesariamente son inalienables, inusucapibles e inembargables, pero ello no en razón de que el derecho les dispense una tutela específica, sino por razón de que no tiene sentido afirmar la posibilidad de enajenar, adquirir o embargar algo que, en principio, no puede ser adquirido ni sometido a una relación jurídica.

En suma, afirmar que las cosas son inalienables, inembargables e inusucapibles es tan ridículo como querer afirmar que los rayos del sol, de los cuales no soy propietario ni tengo derecho alguno, no los puedo vender ni adquirir por usucapión ni someter a gravamen alguno. Se insiste, las simples cosas no son del interés del Derecho y, por ello, éste no nos otorga ninguna facultad ni privilegio sobre ellas.

Sentado lo anterior, podemos afirmar que el patrimonio de familia, como lo señala la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un patrimonio de afectación en el cual se destina una casa habitación o una parcela cultivable a la satisfacción de una finalidad: alcanzar la seguridad jurídica de los deudores alimentistas. Así entonces, y en función de dicha finalidad, se impone la necesidad de dispensar una tutela específica sobre dichos bienes a efecto de impedir que el titular de ellos la vuelva nugatoria. Dicha tutela consiste en restringir las relaciones jurídicas de las cuales pueden ser objeto dichos bienes: no pueden ser enajenados (inalienables), no pueden ser adquiridos por usucapión (imprescriptibles) y no pueden ser objeto de gravamen alguno.

Sin embargo, las restricciones anteriores no significan que los bienes dejen de ser objeto de toda relación jurídica o, y en otras palabras, el carácter inalienable, imprescriptible e inembargables de los bienes que constituyen el patrimonio de familia no los vuelve cosas fuera del comercio.

En efecto, la constitución del patrimonio de familia no significa, en principio, la extinción del derecho real de propiedad. Simplemente conlleva la restricción de ejercer las facultades de disposición que tal derecho supone.

En segundo lugar, la constitución del patrimonio de familia no excluye a los bienes que lo integran de las relaciones jurídicas de goce y disfrute. En efecto, la ley permite que las personas a cuyo favor se constituye el patrimonio de familia puedan servirse de la casa habitación y hacerse de los frutos que la parcela produce (artículo 4.378 del Código Civil). Es decir, les da el derecho de gozar la casa y disfrutar la parcela.

Finalmente, la constitución del patrimonio de familia tampoco impide que sobre los bienes que lo integran pueda establecerse una relación jurídica de locación o aparcería. En efecto, el Código Civil en su artículo 4.388 autoriza a dar en arrendamiento o aparcería los bienes que constituyen el patrimonio de familia.

Por tanto, es falso que los bienes que constituyen el patrimonio de familia queden, por ese sólo hecho, fuera del comercio.

De igual forma es incorrecta la inferencia que pretende derivar de la aserción de que sólo los bienes en el comercio pueden usucapirse (o prescribirse), la correlativa de que, por esta razón, y al no poder usucapirse los bienes que integran el patrimonio de familia, éstos están fuera del comercio.

Hay que hacer las precisiones necesarias para entender bien el problema.

Es cierto que tanto el Código Civil de Chihuahua (artículos 718 a 729) como el de Nuevo León (artículos 747 a 748) son uniformes al afirmar que sólo las «cosas» que están dentro del comercio son susceptibles de apropiación y que están fuera del comercio: a) por su naturaleza, aquellas que no son susceptibles de ser poseídas por persona alguna, y b) por disposición de la ley, aquellas que no pueden ser reducidas a propiedad particular.

De igual forma, ambos códigos —a diferencia del Código Civil del Estado de México que sí distingue entre cosa, cómo género y bien, como especie— utilizan los términos «cosa» y «bien» como sinónimos. Sin embargo, ello no significa que dichos códigos no distingan entre las cosas que son objeto de la regulación del derecho de aquellas que no lo son. En otras palabras, para tales códigos, de todo lo que existe (cosas), hay algunas cosas que sí son objeto de tutela jurídica; a estas cosas las regulan en un libro específico al que denominan «De los bienes»; es decir, si bien ambos códigos no diferencian explícitamente entre cosa y bien como lo hace el código mexiquense, sí parten de la idea que postula el mexiquense: la distinción entre cosas simples y cosas que pueden ser objeto del Derecho, a las que regulan bajo un libro del Código que intitulan «De los bienes». Por tanto, guardada proporción, lo dicho hasta aquí sobre las cosas y los bienes es aplicable a ambos códigos, tanto al de Chihuahua como al de Nuevo León.

Entendido lo anterior, podemos sostener que lo dispuesto en los artículos 1139 y 1134 de los Códigos Civiles de Chihuahua y Nuevo León no es una razón para excluir del comercio a los bienes que integran el patrimonio de familia.

En efecto, la aserción que hacen ambos códigos sobre que sólo las cosas que están dentro del comercio pueden prescribirse, no es sino una reformulación del principio previsto en los artículos 718 y 747 de los Códigos de Chihuahua y Nuevo León que señalan que sólo las cosas que están en el comercio pueden ser objeto de apropiación. En otras palabras, y a contrario sensu, los bienes que no están dentro del comercio no pueden ser objeto de apropiación; por esta razón, las cosas que están fuera del comercio no pueden ser objeto de un medio para adquirir la propiedad, pues son jurídicamente inapropiables.

Por lo que hace a los bienes que constituyen el patrimonio de familia, lo razonado en el párrafo anterior es inaplicable a éstos pues, en términos de lo dispuesto por los artículos 699 y 725 de los Códigos de Chihuahua y Nuevo León, respectivamente, (4.377 del mexiquense) la constitución del patrimonio de familia no tiene por efecto extinguir el derecho de propiedad de su titular. Su constitución sólo le restringe a éste su facultad de disposición, pero no extingue su derecho. Por tanto, no se trata de bienes que queden, por la constitución del patrimonio de familia, fuera del comercio, sino de una restricción al ejercicio completo de las facultades derivadas de su derecho de propiedad.

Finalmente, no cabe sino insistir en que la especial tutela que el derecho dispensa a ciertos bienes, como en el caso ocurre con los del patrimonio de familia, no significa que éstos queden fuera del comercio; es decir, y como lo hemos manifestado ya, el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de algunos bienes, en principio, supone la calidad de bien (o cosa objeto de tutela jurídica) y, en segundo lugar,  no tiene por efecto excluirlos del comercio, sino sólo restringir las relaciones jurídicas de las cuales pueden ser objeto.

Afirmar que los bienes del patrimonio de familia están fuera del comercio y que, por ello, no pueden ser poseídos por persona alguna, es un contrasentido, pues el patrimonio de familia supone la posesión de los miembros a cuyo favor se constituye. Así entonces, o el patrimonio de familia faculta a los titulares del mismo a poseerlo, servirse y disfrutar de él o lo extrae de la tutela jurídica y lo convierte en una simple cosa. Nos parece que la postura correcta es la primera.

Terminamos este ejercicio señalando que la tesis objeto de este ensayo es la siguiente:

PATRIMONIO DE FAMILIA. LOS BIENES QUE LO CONSTITUYEN ESTÁN FUERA DEL COMERCIO Y, POR ENDE, NO SON SUSCEPTIBLES DE PRESCRIBIR (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y NUEVO LEÓN).

El patrimonio de familia se define como una institución de interés público, por el cual se destina uno o más bienes a la protección económica y sostenimiento del hogar y de la familia, cuya existencia está amparada en el artículo 123, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de familia, los cuales serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni a embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. Por su parte, el numeral 27, fracción XVII, párrafo tercero, de la propia Constitución, establece que las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen. Ahora bien, en acatamiento a lo anterior, los Códigos Civiles para el Estado de Nuevo León y del Estado de Chihuahua organizan esta institución en los artículos 723 a 740, y 702 a 713, respectivamente, de los cuales deriva que el patrimonio familiar es un patrimonio de afectación, pues el bien del o los deudores alimentistas (como por ejemplo la casa habitación) queda afectado a fin de dar seguridad jurídica al núcleo familiar y así la familia tenga un lugar donde habitar, intocable para los acreedores de quien lo constituyó, pues no podrán embargarlo ni enajenarlo mientras esté afecto al fin de patrimonio de familia. Ahora bien, los numerales 1134 y 1139 de los códigos citados establecen, respectivamente, que sólo pueden prescribirse los bienes y las obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas en la ley. De ahí que, por mandato constitucional, mientras algún bien constituya el patrimonio de familia y no exista una declaración judicial o notarial que lo extinga, o bien, que esté dentro del caso de excepción de que se expropie, es inalienable, inembargable y no está sujeto a gravamen alguno, es decir, está fuera del comercio, entendiéndose como tal, aquel bien que por su naturaleza o por disposición de la ley no puede poseerse por algún individuo exclusivamente y, por tanto, al no estar dentro del comercio no es susceptible de prescribir.[1]

[1] Tesis de jurisprudencia: 1a./J. 77/2014 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 13, diciembre de 2014, tomo I, materia civil, página 198, registro 2008082.

IMPORTANTE:

Si utiliza o cita este trabajo le agradeceríamos que reconociera la autoría del Licenciado Rolando Durán Dávila.

Se recomienda realizar la cita de la siguiente manera:

DURÁN DÁVILA, Rolando, ¡Y así es como la suprema corte, de un «plumazo jurisprudencial», transforma en «cosas» a los «bienes» que integran al patrimonio de familia!, [en línea], México, 2 de junio de 2015, [citado: fecha de citación], formato html, disponible en: https://durandavila.com/2015/06/02/y-asi-es-como-la-suprema-corte-de-un-plumazo-jurisprudencial-transforma-en-cosas-a-los-bienes-que-integran-al-patrimonio-de-familia/