Sobre la Jurisdicción y la Competencia. Comentarios al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México

“Si bien la jurisdicción, como facultad de administrar justicia, incumbe a todos los jueces y magistrados, es indispensable reglamentar su ejercicio para distribuirla, en cada rama jurisdiccional, entre los diversos jueces. Y es esta la función que desempeña la competencia.”[1]

“La competencia es, por tanto, la facultad que cada juez o magistrado de una rama jurisdiccional tiene, para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio.”[2]

En “[…] un sentido lato la competencia se define como el ámbito, la esfera o el campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones o funciones. […] En sentido estricto, la competencia se refiere al órgano jurisdiccional. […] ‘La competencia es, en realidad la medida del poder o facultad otorgado a un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto.’”[3]

En resumen, aplicado el concepto de competencia al derecho procesal, es posible afirmar que “[…] la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. El juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero no puede ejercerla en cualquier tipo de litigios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley; es decir, en aquellos en los que es competente.”[4]

Para Briseño Sierra la competencia no es otra cosa que “la suma de atribuciones del órgano público.”[5] Afirma que la diferencia entre jurisdicción y competencia “[…] no puede establecerse aristotélicamente a base de especie y género, porque tanto compete al juzgador ejercer la jurisdicción en el proceso, como al legislador o al administrador cuando tienen que sustanciar sendos procesos, y tanto compete al juzgador ejercer jurisdicción como legislar o administrar en los supuestos que determine la ley.”[6]

Para el procesalista mexicano la facultad jurisdiccional no debe confundirse con la facultad de adjudicar. Por la primera debe entenderse la facultad de dirigir el proceso, en tanto que por la segunda, la facultad de dar el derecho que corresponda a cada parte según su título jurídico. Además, no debe perderse de vista que la actividad jurisdiccional o jurisdicción es una atribución que se desenvuelve en cada acto del proceso, incardinándose directamente con la instancia proyectiva (la acción) que va configurando al proceso, en tanto que la sentencia, en tanto prestación resolutiva pretendida, se incardina hacia el pasado con la pretensión.

En las palabras de Briseño Sierra:

Cuando la pretensión ha sido admitida, teórica y prácticamente queda en el umbral del proceso. No se mueve, no es movida, a menos de que se produzca el fenómeno conocido como transformación de la demanda, el cual tiene otras explicaciones pero ninguna que pueda modificar el hecho descrito antes.

La pretensión no va a recibir tratamiento judicial mientras se desenvuelve el proceso. Su vitalidad permanece latente, al grado de que las pruebas le van a dar eficiencia, lo mismo que las conclusiones, pero no le alterarán en sentido alguno.

Detenida al inicio de la serie, la pretensión no volverá a ser considerada por el juzgador sino hasta el momento del fallo. Sin embargo, el juez no permanece inactivo, provee, dicta decretos, autos, interlocutorias, abre y cierra las fases, complementa los grados; en fin, opera jurisdiccionalmente.

La sentencia […] va a ser distinta, una para cada juicio; pero el acto jurisdiccional será el mismo en todos los procesos. Admitir la demanda, correr traslado, emplazar y tener por contestada la demanda, son actos jurisdiccionales que no varían de juicio a juicio, que se repiten innumerables veces, tantas como procesos se sustancien.

El proceso, pues, se va a constituir con instancias proyectivas y actos jurisdiccionales, conductas que son objetivamente idénticas en todos los procesos de todos los tiempos y lugares.[7]

En suma, para Humberto Briseño Sierra, la jurisdicción es, no la facultad de decir el derecho, sino la dirección del proceso.

Por lo que hace a la competencia, que es lo que aquí nos interesa, para Briseño Sierra es solamente una suma de atribuciones que vienen dadas por la norma. De esta misma opinión es el constitucionalista Miguel Covián Andrade[8], quien explica la diferencia entre la autonomía y la competencia señalando que a la primera toca el cómo y a la segunda el qué; que la primera es abstracta en tanto que la segunda es concreta; la autonomía “[…] es simplemente la atribución de poder actuar en determinadas áreas, ¿en qué áreas? Eso ya no compete al «cómo» de la autonomía sino al «qué» de la competencia.”[9] En suma, para el constitucionalista la competencia, referida a los entes autónomos, viene a ser el conjunto de “[…] atribuciones concretas y materiales que ejerce y cumple el ente autónomo, con exclusión de cualesquier otras instancias”[10].

De lo anterior se desprende que ambos autores, cada uno en su rama, sostienen una perspectiva similar sobre la competencia: atribuciones conferidas a un ente por la norma. En otras palabras, la competencia, bajo la visión de Briseño Sierra y Covián Andrade viene a ser la suma de atribuciones conferidas por la norma que atañen a un ente para que actúe. En el caso del órgano judicial, las atribuciones que le vienen marcadas por la norma varían según lo especifique la propia norma, pero entre ellas normalmente se encuentran la actividad jurisdiccional (dirigir el proceso), la atribución de adjudicar (sentenciar el conflicto), facultades administrativas, legislativas, disciplinarias y actuariales, ejecutivas y compulsorias, fasciculares y supervisoras, inquisitivas y controladoras, etc.

Dicho lo anterior de otra forma, y en las insuperables palabras del maestro Briseño Sierra:

Por ahora baste tener presente que la competencia se forma con el cúmulo general y que un juzgador puede no ser competente para ejecutar y sí para ejercer jurisdicción, que puede ejercer jurisdicción sin tener competencia para sentenciar; que se puede tener competencia para designar empleados y no ejercer jurisdicción, competencia para constituir negocios judiciales y no para resolver conflictos, etcétera.[11]

Relacionado con la competencia, Briseño Sierra afirma que deben distinguirse tres fenómenos diferentes: la composición, la sistematización y la distribución competencial[12].

Sobre la composición afirma que en esta priva la dirección funcionalista según la cual, de la actividad depende la estructura; consecuentemente, la actividad del órgano es la que viene a determinar el carácter del órgano y, por ello, la composición orgánica es un dato empírico, en cuanto sólo se obtiene de la revisión de las normas de cada país. “La idea es que la función determinada resulta la variable independiente con la que se relaciona efectivamente la variable dependiente de la organización estatal. Todos cuantos ejerzan jurisdicción quedarán incluidos en el rubro de la composición general.”[13]

Por lo que hace a la sistematización, ésta supone un punto de vista diverso en el cual la relación funcional se establece con otras variables. “La independiente será el principio político, constitucionalmente plasmado, por el que la judicatura queda organizada, según los distintos niveles que significan la variable dependiente.”[14]

En un Estado como el mexicano, con una forma de gobierno federal[15], en virtud de la sistematización, la variable independiente: la judicatura, queda relacionada con un complejo de, por lo menos, tres órdenes: federal, estatal y distrital, que vienen a constituir la variable dependiente.

Así resulta que “Mientras la composición es un resultado práctico, es una conjunción realizada contemplando la existencia real de órganos competentes para determinada función; y la sistematización es la determinación de una organización en los términos del principio constitucional; la distribución viene a ser la precisión de la competencia relativa a los oficiales.”[16] En otras palabras, la distribución relaciona la variable independiente del órgano sistematizado, en sus distintos órdenes, y la dependiente de la actividad parcelaria, esto es, la específica competencia de cada autoridad.

Íntimamente ligado al problema de la distribución, está el tema de la jerarquía, el cual nos reconduce a tratar sobre una medida sistemática y otra gradual, en donde la primera atendería al conjunto sin predecir de la distribución, en tanto que la segunda se fijaría específicamente en este repartimiento. “Se tendría, de este modo, un anticipo del fenómeno de la progresión por estadios; ya que, en realidad, hay muchos asuntos judiciales que se siguen por distintas etapas y pasan de un juzgador calificado de menor jerarquía a otro de una mayor o superior.”[17]

Sin embargo, apunta Briseño Sierra, debe tenerse cuidado de las generalizaciones, puesto que hay un conjunto de problemas que sólo pueden ser del conocimiento de los plenos o de sus respectivos presidentes y otros que nunca llegan a estas unidades. “La competencia viene a vincularse con la jerarquía, pero sería funesto hablar de un paralelismo necesario […]”.[18]

El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México sobre la competencia y jurisdicción señala en los artículos 1.28, 1.29 y 1.30, lo siguiente:

Ejercicio de la función jurisdiccional

Artículo 1.28.- El ejercicio de la jurisdicción que la ley encomienda a los Tribunales judiciales, debe reclamarse ante la autoridad competente.

Reglas determinantes de la competencia

Artículo 1.29.- La competencia de los Tribunales se determina en razón de grado, materia, cuantía, territorio y prevención.

Requisitos de competencia

Artículo 1.30.- Para que los Jueces y Tribunales tengan competencia, se requiere:

I. Que el conocimiento del negocio en que intervengan, esté atribuido por la ley a la autoridad que ejerzan;

II. Que les corresponda el conocimiento del negocio con preferencia a los demás Jueces o Tribunales de su mismo grado.

De la lectura de los anteriores artículos resulta que el Código de Procedimientos Civiles adopta la tesis de la competencia como medida de la jurisdicción, en donde es posible afirmar una relación de especie y género.

No suscribimos tal tesis pues la misma parte de la afirmación de que la jurisdicción es la atribución para resolver un conflicto con carácter vinculante atribuida, en exclusiva, a un órgano del Estado como parte de la división de poderes.

No admitimos tal tesis pues, si ello fuera así, ¿qué pasaría con el desarrollo del proceso? Es decir, si la jurisdicción fuera la atribución de resolver un conflicto ella se ejercería únicamente al momento de sentenciar, quedando, entonces, el proceso sin jurisdicción y la competencia no la ajustaría sino hasta el momento en que el juzgador turnara los autos para resolver en definitiva; pero sucede que en la práctica ello no acontece así. La competencia se revisa in limine litis y se cuida de ella durante todo el proceso.

Por otra parte, tal tesis no resuelve el problema sobre los procesos que no terminan con sentencia pero en donde el juez sí actúa con jurisdicción, ni aquellos otros en donde si bien existe sentencia, no hubo proceso (procedimiento sucesorio) o aquellos otros en donde si bien hay resolución judicial, no hubo ni proceso ni jurisdicción (procedimientos judiciales no contenciosos). Tampoco resuelve el problema de los órganos no estatales que ejercen jurisdicción sin tener competencia (árbitros)[19].

En este punto podría argüirse que la lectura del artículo 1.28 del Código de Procedimientos Civiles acepta ambas lecturas; es decir, como puede leerse desde la perspectiva de la tesis de la competencia como medida de la jurisdicción, como puede leerse desde la perspectiva de la tesis de la competencia como suma de atribuciones, y que, desde esta segunda perspectiva, bien podría sostenerse que lo que postula el artículo en comento es que la actividad jurisdiccional, como facultad de dirigir el proceso, debe solicitarse precisamente ante el órgano que tenga atribuida dicha actividad: el órgano competente. Sin embargo, no debe escapar al lector la expresión «debe reclamarse» que contiene el artículo en comento, expresión esta que gravita en torno a la jurisdicción, y que intrínsecamente hace referencia a la pretensión de la prestación resolutiva: la solución del conflicto. En otras palabras, la expresión «debe reclamarse» nos reconduce a la tesis de la jurisdicción como atribución solucionadora de conflictos, en donde la pretensión se concatena directamente con la sentencia como acto en el cual se pone fin al litigio.

Por tanto, nosotros sostenemos que la tesis recogida en el artículo 1.28 del Código de Procedimientos Civiles no es correcta, ya que la jurisdicción no es otra cosa que el deber de dirigir el proceso por todas sus fases hasta llegar al momento de dictar sentencia, en donde la competencia sólo cobra relevancia en el sentido de que el órgano esté investido de dicha facultad jurisdiccional.

NOTAS

[1] Devis Echandía, Hernando, Teoría General del Proceso, Bogotá, Colombia, Editorial Temis S. A., 2012, p. 116.

[2] Ídem.

[3] Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, 10ª ed., México, Editorial Oxford, 2004, p. 145.

[4] Ovalle Favela, José, Teoría General del Proceso, 6ª ed., México, Editorial Oxford, 2005, p. 135.

[5] Briseño Sierra, Humberto, Derecho Procesal, 2ª ed., México, Editorial Oxford, 2005, Volumen I, p. 530.

[6] Ibídem, p. 531.

[7] Ibídem, p. 526.

[8] Covián Andrade, Miguel, Teoría de la Constitución, 3ª ed., México, CEDIPC, 2004, volumen I, pp. 378 y ss.

[9] Durán Dávila, Rolando, La omisión inconstitucional en el Estado de México. Hacia la defensa de la Constitución local a partir del Estado, el Derecho y la Constitución, tesis de licenciatura, México, UAEM, Facultad de Derecho, 2009, p. 107

[10] Ibídem, p. 108.

[11] Briseño Sierra, ob. cit., p. 535.

[12] Ibídem, p. 551.

[13] Ibídem, p. 552.

[14] Ídem.

[15] Entendemos por forma de Estado, siguiendo a Giuseppe de Vergottini, el conjunto de elementos que caracterizan globalmente a un ordenamiento referido en particular a las finalidades planteadas como objetivos de acción de los órganos constitucionales. Por formas de gobierno entendemos el complejo de instrumentos que se articulan para conseguir las finalidades estatales y, por lo tanto, los elementos que se refieren a la titularidad y al ejercicio de las funciones soberanas atribuidas a los órganos constitucionales.

En otras palabras, las formas de Estado establecen los objetivos (el para qué) de los órganos de gobierno; las formas de gobierno son, precisamente, los instrumentos (el cómo) para conseguir dichas finalidades.

[16] Briseño Sierra, ob. cit., p. 553.

[17] Ibídem, p. 560.

[18] Ídem.

[19] Entendida la jurisdicción como la dirección del proceso, suscribimos lo afirmado por Briseño Sierra cuando dice que los árbitros al dirigir el proceso arbitral ejercen jurisdicción, sin que por ello se pueda afirmar que tienen competencia, dado que no existe norma estadual que les imponga dicha atribución. Ver: Briseño Sierra, ob. cit., pp. 510 y ss.

IMPORTANTE:

Si utiliza o cita este trabajo le agradeceríamos que reconociera la autoría del Licenciado Rolando Durán Dávila.

Se recomienda realizar la cita de la siguiente manera:

DURÁN DÁVILA, Rolando, Sobre la Jurisdicción y la Competencia. Comentarios al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, [en línea], México, 18 de julio de 2014, [citado: fecha de citación], formato html, disponible en: https://durandavila.com/2014/07/18/sobre-la-jurisdiccion-y-la-competencia-comentarios-al-codigo-de-procedimientos-civiles-del-estado-de-mexico

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