¿Qué es el ser humano?

Contestar esta interrogante plantea una enorme dificultad pues, como dice el joven Doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, “[…] reflexionar sobre el hombre no es cosa sencilla ni superflua, pues supone ante todo un ‘conocer-se’ ─se cogitare─, una ‘autognosis’ que, como vuelta sobre uno mismo ─reditio completa subiecti in seipsum según la expresión del Aquinatense─, supone una operación extraordinariamente complicada.”[1] Y es extremadamente complicada pues el hecho de que el propio sujeto se haga a sí mismo objeto del conocimiento puede acarrear el riesgo de perder la objetividad o, peor aún, de deformarse en su propia contemplación pues, como bien indica Pampillo Baliño,

[…] indudablemente, la observación requiere perspectiva, y la perspectiva exige a su vez de distancia; pero, si como bien ha observado San Agustín de Hipona, nadie está más cerca de uno, que uno mismo ─quid autem propinquius meipso mihi?─, se entiende que la operación de conocerse esté rodeada de las mayores dificultades, requiriendo por lo mismo de las más prevenidas cautelas.[2]

Sin embargo, y pese a las advertencias anteriores, hay algo que nos permite contestar casi inmediatamente qué es el ser humano: el hecho mismo de que nosotros mismos somos seres humanos.

Esta afirmación nos da un ángulo de partida para develar qué es el ser humano pues “[…] al considerar-se, al conocer-se y al hacer-se a sí mismo cuestión y objeto mediante la reditio, al tomar en definitiva conciencia de sí mismo, […] descubre el ‘yo’ como primer producto de esta investigación inicial […]”.[3] Más aun, el hecho de descubrirnos como un «yo» implica, a su vez, descubrir lo que no es «yo», y lo que no es yo o es mera «cosa» sin interioridad ni libertad, es decir, algo que simplemente tiene una realidad exterior para mí, o bien, otro sujeto como yo mismo… entonces aquel otro sujeto como yo, pero que no soy yo, es el «tú». Por tanto, el «yo» implica siempre al «tú», es decir, el yo no es puro «yo», sino que al implicar al tú, permite concluir que entre éste y aquél ─el tú─ existe una relación de proximidad.[4]

Además, si el ser humano es capaz de conocerse a sí mismo, de hacerse objeto de la autognosis, de saberse a sí mismo, es porque en él existe una especial «virtud intelectiva»; es decir, en él se encuentra arraigada, desde su existencia material, un principio de inmaterialidad.

Es por efecto de esta virtud intelectiva y reflexiva por la que puede volverse sobre sí mismo para descubrirse y descubrir a partir de él mismo a los demás. Es desde este nuevo hallazgo ─la virtud intelectiva y reflexiva del ser humano como expresión de un principio inmaterial─ que caemos en la cuenta, en palabras de Basave, de que “Aunque sea un ente temporal y un ente histórico, el hombre es, en alguna de sus dimensiones, un ente supra-temporal y supra-histórico. No todo se agota en nuestra referencia al mundo. Centauro ontológico o monstruo metafísico, es lo cierto que el hombre es una amalgama de bruto y de ángel…”[5]

Por tanto, podemos afirmar que dentro de la naturaleza material, limitada y corruptible del ser humano existe también, en su intimidad, un principio inmaterial que no acepta limitación y que por esta razón se rebela contra la transitoriedad y la muerte.

Esta naturaleza «anfibia» del ser humano, esta naturaleza dual compuesta por cuerpo y alma ─corpore et anima unus─ hace del ser humano un auténtico «espíritu encarnado» que por un lado trasciende la simple materia pero por otro está irremediablemente atado a ella.

Esta paradójica realidad dual es, precisamente, la razón de la necesidad que el ser humano tiene de la expresión simbólica pues “[…] ‘a caballo’ entre el espíritu que se expresa y la materia como condicionante de la expresión, el hombre es […] un animal simbólico que depende de signos, símbolos y señales para comunicar, a través de la materia, sentidos y significados inmateriales o espirituales.”[6]

Lo anterior es así pues, como dice Cassirer (p. 47 y 48),

El hombre […] ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. Entre el sistema receptor y el efector, que se encuentran en todas las especies animales, hallamos en él como eslabón intermedio algo que podemos señalar como sistema “simbólico”. […] Comparado con los demás animales el hombre no sólo vive en una realidad más amplia sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. […]

[…] El hombre […] ya no vive solamente en un puro universo físico sino en un universo simbólico. […] El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato; no puede verla, como si dijéramos, cara a cara. La realidad física parece retroceder en la misma proporción que avanza su actividad simbólica. En lugar de tratar con las cosas mismas, en cierto sentido, conversa constantemente consigo mismo. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de la interposición de este medio artificial.

Con lo anterior Ernst Cassirer (p. 49) se aparta de la definición clásica del ser humano (animal racional) pues considera que ésta (la definición) no es más que un imperativo ético fundamental; además, a su parecer, “La razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad […].” Por tanto, decide definir al ser humano no a partir de la razón, sino a partir de su facultad simbólica, por ello, para él, el ser humano es, sencillamente, «un animal simbólico».

Ahora bien, en tanto el ser humano es un ser encarnado y arraigado en la materia y, por ende, temporalmente limitado y naturalmente corruptible, su existencia deviene enigmática en dos sentidos: por un lado, el ser humano encarna una «inmensa tragedia» derivada de su realidad dual, es decir, de los principios contrapuestos que lo integran ─material y espiritual─ y del dramatismo entre las inclinaciones y apetitos de uno y de otro; por el otro, el ser humano vive constantemente amenazado por el «dolor», pero sobre todo, por la muerte, pues como dice el Profesor Guzmán Valdivia: “La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, se subleva contra la muerte…”[7]

Es esta dualidad ─material-espiritual─, esta contradicción ─«eterno» destinado para la «muerte»─ la que ha motivado nociones que van desde hacerlo regla y medida de todas las cosas (homos mensura de Protágoras) hasta deprimirlo, desesperándolo en medio de dudas, náuseas y ansiedades («ser para la nada» y «pasión inútil» de Sartre).

Esta «dualidad» ─a la postre─ constituye un verdadero misterio, y como misterio que es gusta de ocultarse.

Este misterio consiste, efectivamente, y como decía Pascal—citado por Cassirer (pp. 30 y 31)—en el misterio del homo absconditus que, yendo más allá de los límites de la propia razón ─individuum est ineffabile─, nos revoluciona para arrojarnos hacia un misterio todavía más grande: el misterio del Deus absconditus. Por tanto, sólo desde esta dimensión mistérica puede entenderse al ser humano desde su «naturaleza religada» como clave para entender y comprender más profunda y completamente su existencia.[8]

Lo anterior es así pues como bien decía el iusfilósofo Luis Legaz Lacambra “[…] existir es sustancialmente ser desde algo, y este Alguien desde quien existimos y a quien estamos religados, es pues quien nos revela la ‘fundamentalidad[sic] de la existencia humana’.”[9] Dicho en otras palabras, “[…] que el hombre, finito y caduco, aspira por virtud de un principio inscrito en lo más profundo de su ser, a la infinitud y a la perennidad, y es precisamente desde la ‘re-ligazón’ con la eternidad, que podemos observar al hombre empeñado en este afán de trascender.”[10]

Por ello el hombre ‘se afana por salvarse de la inmortalidad personal’ y por eso también su estructura es, en este sentido, de naturaleza escatológica, radicando precisamente en su constitución religada, el fundamento remoto y último de su dignidad eminente

En  dos palabras, la naturaleza unitaria aunque dual del hombre constituye en último término un misterio, inaccesible para la razón que ve rebasadas sus fuerzas para captarlo en su más íntima profundidad, pero aprensible[sic] desde otra dimensión, la de la fe en la Divinidad, que arroja una nueva luz sobre el problema, la luz soteriológica, que borra definitivamente las sombras de la corrupción, de la finitud, del dolor, de la muerte.[11]

En fin, visto todo lo anterior, podemos concluir, en una sentencia breve, que el ser humano es, como lo define Pampillo Baliño, “[…] un existente autoconsciente en relación de proximidad, espíritu encarnado, animal simbólico y misterio religado.”[12]


[1]Filosofía…, p. 74.

[2] Ídem.

[3] Ibídem, p. 75.

[4] “Más aún, al descubrirse, conociéndose y tomando conciencia de sí mismo como un yo, el sujeto se distingue a sí mismo de los otros, por donde el descubrimiento del yo y de la ‘yoidad’ es, como exactamente explica Caturelli, un descubrimiento implicante de la ‘proximidad’ con el ‘tú’, e inclusive la proximidad con el ‘Tú’, más propiamente designado como ‘Divinidad’.” Ídem.

[5] Basave, Agustín, “La Dimensión jurídica del Hombre. Fundamentos de Antropología Jurídica” en Estudios de Filosofía del Derecho en Homenaje al Doctor Eduardo García Máynez, México, Edita Facultad de Derecho de la UNAM, 1973, citado por Pampillo Baliño, Filosofía…, p. 76.

[6] Ibídem, p. 77.

[7] Gaudium et Spes, n. 18, citado por Pampillo Baliño (ídem).

[8] “[…] no hay más que un modo de acercarse al secreto de la naturaleza humana: la religión […] Lo que se nos ofrece no es una solución teórica del problema. La religión no puede ofrecerla. Sus adversarios la han acusado siempre de ser oscura e incomprensible; pero este reproche se convierte en la más alta alabanza tan pronto como consideramos su verdadero propósito. La religión no puede ser clara y racional; nos cuenta una historia oscura y sombría; la historia del pecado y de la caída del hombre. Nos revela un hecho del que no es posible ninguna explicación racional. […] la religión no pretende jamás aclarar el misterio del hombre; corrobora y ahonda este misterio. El Dios de que nos habla es un Deus absconditus, un Dios oculto; por eso, tampoco su imagen, el hombre, puede ser otra cosa que misterio. El hombre es también un homo absconditus.” Cassirer, pp. 30 y 31.

[9]Filosofía del Derecho, 2ª ed., Madrid, 1961, pp. 252 y 253, citado por Pampillo Baliño (ibídem p. 79).

[10] Ídem.

[11] Ibídem, p. 79.

[12] Ibídem, p. 80.

¿Acción o Denuncia?

Del análisis de una jurisprudencia establecida por los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos surgió una interrogante ¿la instancia para incoar un procedimiento que tenga por objeto combatir una omisión normativa inconstitucional es una acción o acaso algo más?

El anterior problema apareció pues según la tesis aludida resulta que las acciones de inconstitucionalidad (contra normas generales o leyes) no incoan un proceso sino un procedimiento, mientras que las controversias constitucionales sí se ventilan a través de un auténtico proceso. Por tanto, si una acción no inicia un proceso (que se supone es lo que hace una auténtica acción) de qué tipo de instancia se trata entonces.

La tesis aludida es del rubro y texto siguiente:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONA-LIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí; a saber: a) en la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental; b) la controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma; c) tratándose de la controversia constitucional, el promovente[sic] plantea la existencia de un agravio en su perjuicio en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma; d) respecto de la controversia constitucional, se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento; e) en cuanto a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas; f) por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos, mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que respecta a normas generales; y, g) los efectos de la sentencia dictada en la controversia constitucional tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros. En consecuencia, tales diferencias determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta.[1] [Las negritas son nuestras]

Ahora bien, en lo relativo a lo que nos interesa ─la omisión normativa inconstitucional─ las experiencias de los ordenamientos tanto extranjeros como nacionales llaman a la instancia para iniciar el procedimiento combativo de los actos ilícitos que violan un deber constitucional de desarrollar una norma: “acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa”; sin embargo, ninguna de esas acciones incoan un auténtico proceso, sino, y siguiendo los parámetros del otro medio abstracto de control (la acción de inconstitucionalidad de leyes o normas), más bien inician un procedimiento. Ergo, ¿cuál es la instancia que inicia dicho procedimiento?

En primer lugar debemos hacer patente que la denominación “Acción por omisión legislativa” o cualquier otra semejante es anticientífica, pues miles de páginas se han escatimado para esclarecer la distinción entre la acción, la pretensión y el derecho subjetivo[2].

Sólo en el derecho romano ─superado bastamente─ en donde se estimaba que la acción era el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido (ius persequendi quod sibi debetur) era dable llamar a las acciones por un nombre (v. gr. la actio praescriptis verbis, la actio confessoria, la actio exercitoria, la actio redhibitoria, la actio reivindicatoria, etcétera).

Actualmente, merced a las teorías sostenedoras de la autonomía de la acción frente al derecho subjetivo (que cuestionaron fuertemente la teoría romana que identifica ambos elementos), lo mejor de la doctrina ─valga el argumento ad autoritatem─ ha concluido, en palabras de Dos Reis (p. 68), que “[…] la acción debe considerarse como un derecho autónomo e independiente del derecho subjetivo que se pretende hacer valer.” En consecuencia, no es viable retroceder y afirmar que existe una determinada acción de inconstitucionalidad contra leyes o una “acción por omisión legislativa”. Sencillamente la acción es acción.

Sin embargo, una vez alcanzado el logro de distinguir a la acción del derecho subjetivo, la doctrina se vio envuelta en una sarta de tesis y antítesis respecto a la naturaleza que corresponde a la acción: se postularon tesis que sostenían su naturaleza contractual, su naturaleza potestativa así como su naturaleza como derecho abstracto[3]; empero, la tesis más sostenible, y a la cual nos adherimos sin reservas, es la del procesalista mexicano Briseño Sierra, quien considera a la acción como un acto proyectivo.

Las siguientes líneas serán para exponer en términos harto breves la apoteósica tesis de nuestro gran jurista mexicano.

A. La acción como acto proyectivo

“Ni la idea de la acción como derecho subjetivo, o cualidad, aspecto o consecuencia del mismo; ni la tesis del derecho subjetivo autónomo o público que se ha intentado contraponer al anterior como derecho a la tutela, como facultad potestativa o como posibilidad abstracta, han logrado precisar el significado.”[4]

Con estas palabras comienza su exposición el gran procesalista mexicano. Para él los esfuerzos doctrinarios no han logrado precisar el significado de la acción y lo único que han conseguido es hacer perceptible el carácter dinámico de este derecho, dejándolo sin sistematización.

En consecuencia, Briseño Sierra estima necesario comprender al dinamismo. Sobre éste afirma su alusión a movimiento: ya físico (dinamismo material), ya normativo (dinamismo normativo).

Sobre el segundo, que es el que nos interesa, Briseño Sierra considera a éste no como lo hace Kelsen cuando trata de los sistemas normativos regidos por el principio dinámico y de los cuales el autor vienes concluye que el derecho produce derecho, sino como “[…] a la estructura consecuencial, no disyuntiva sino continuada”[5] consignada en la norma. Dicho de otra forma “Una norma dinámica es aquélla que a partir de una conducta dada, en cadena [imperativamente] una secuencia de conductas.”[6]

Así, por ejemplo, “Si un precepto ordena que presentada la demanda sea estudiada por el juez, y si llena los requisitos legales se admita para correr traslado al demandado, emplazándole a contestar, en realidad está regulando una pluralidad de relaciones consecutivas.”[7]

En contra, la norma estática es aquella que estableciendo relaciones entre los sujetos deja inmovilizadas las pretensiones y prestaciones relativas o correlativas (por ejemplo, el comprador siempre está obligado al pago y el vendedor a la entrega del bien).

La idea de dinamismo, según el procesalista mexicano, fue percibida ya por Bülow, quien sostuvo, frente a la relación de derecho privado, al proceso como una “relación” que avanza gradualmente y que se desarrolla paso a paso. Por lo anterior, concluye Briseño Sierra (p. 456), “La circunstancia de que una norma jurídica pueda establecer ese avance de relaciones, da la tónica a la dinámica procesal.”

Sin embargo, la afirmación de Bülow trajo como consecuencia la estimación del proceso como una “relación jurídica”, provocando, también, el énfasis puesto por la doctrina en la consistencia pública de la normatividad y efectuando una trasposición de conceptos, tratando a la acción como un derecho dinámico.

Como señala Briseño Sierra, en este caso no fallaron las reglas semánticas, sino el principio jurídico, la invariación técnica, pues es exacto que en la “experiencia” cuando las partes accionan realizan una conducta dinámica, pues instan y promueven reiteradamente, lo que verifica la idea que preside la figura procesal: el dinamismo.

Sin embargo, lo que en realidad provocó Bülow con su idea del dinamismo fue la utilización no técnica del término y, por ende, la teoría dejó de percibir lo peculiar del dinamismo procesal, el cual no se encuentra en la “actividad material y aislable”, sino en la “normatividad”.

En efecto, queda indicado que para elaborar una norma dinámica, es menester ligar relaciones consecuenciales. Eso sólo puede acontecer, si el esquema general de la normatividad se compone de varias relaciones que son unas consecuencia de la presencia de otras, o para indicarlo según la lógica de la dependencia funcional: una norma será dinámica, si en lugar de estructurarse como lo enseñan Kelsen o Ruiz Harrell, que equivale a decir hipotética y disyuntivamente, lo hace con dependencia transitiva.

Por tanto, “La normatividad que tiene, por excelencia, la estructura dinámica es la que regula el procedimiento.”[8] “Sólo una normatividad procedimental puede llenar las notas del dinamismo.”[9]

Entendido lo anterior es factible concluir con Briseño Sierra (p. 486) que “El dinamismo jurídico atañe a toda norma procedimental, de manera que basta que la ley regule una secuencia de conexiones de actos provenientes de personas diferentes, para que construya un tránsito relacional.”

En lo atinente a un sistema normativo procedimental especial, es decir, tratándose del proceso, existe una especial instancia[10] que sirve para las conexiones que progresivamente le dan origen: la acción.

Esta instancia tiene la particularidad de provenir de un sujeto y provocar la conducta de otros dos en tiempos normativamente sucesivos. Al demandar el actor su promoción llega hasta el demandado pero a través del juez, y éste no es un mero objeto como lo sería el vehículo que transportaría la correspondencia.

Entre una epístola cualquiera y una demanda, la diferencia radica en que la última es la objetivación de un accionar procesal. El actor no busca incitar la respuesta del juez sino la contestación del demandado; pero para ello es preciso que el juez considere legalmente idónea la promoción y le dé traslado.

En este sentido jurídico de la acción permite hablar de una proyectividad, pues la dirección del acto provocatorio[sic] lleva hasta un tercer sujeto, de manera que resultan finalmente vinculados tres: accionante, juez y reaccionante[sic].

Si la acción estuviera solamente en el umbral de proceso, se confundiría con la demanda y tendría que buscarse un nuevo concepto para las instancias sucesivas. Pero acontece que a lo largo del proceso, configurándolo, se efectúan sucesivas proyecciones, gradualmente enlazadas para dar lugar a una continuidad de fases

Es por ello que la acción no está al principio sino en toda la extensión del proceso, y que acciona el actor cuando demanda, cuando prueba y alega, como acciona el demandante cuando prueba, cuando recurre, cuando contrademanda y alega de su reconvención.[11] [Las negritas son nuestras]

Por tanto, de lo anterior se puede concluir que la acción es “proyectiva” porque su ciclo no termina con la asunción del juzgador sino con la recepción de la contraparte. En ningún otro tipo de procedimiento simple se puede “invariar” una instancia tan peculiar como la acción procesal.

Si no se entiende bien a la proyectividad de la acción se podría pensar que ésta existe en otras instancias como la denuncia, la querella, la queja o el reacertamiento; sin embargo, si bien en todas estas instancias puede existir o haber un tercero, tal circunstancia no justifica hablar de proyectividad, pues ésta es la directa, aunque mediata, “provocación de reacción”. El tercero en el derecho de petición no es incitado por el peticionario sino convocado por la autoridad. El tercero en la denuncia no es excitado por el denunciante, ni el querellado por el querellante, el funcionario por el quejoso o la autoridad por el recurrente.

Si en la denuncia el afectado va a declarar lo hace llamado por el agente del ministerio público, y otro tanto acontece con el querellado. El funcionario de quien se queja el particular, informa al superior pero no contesta una demanda. El recurrente en el reacertamiento administrativo no demanda a la autoridad de quien emanó el acto, sino más bien pretende de ella o de su superior la revocación mediante nuevo acertamiento. “No contesta la autoridad a una demanda; o reacierta su primer acto o envía las actuaciones para que la superior efectúe el reacertamiento. Pero en ninguno de estos casos se insta proyectivamente provocando la reacción del tercero.”[12]

Por último, cabe citar las palabras con las que concluye su exposición el eximio jurista mexicano:

La proyectividad no puede aparecer en otra esfera jurídica que no sea el proceso, precisamente porque el procedimiento singular que se ha creado con la bilateralidad de la instancia es resultado de una invariación de relaciones transitivas entres tres sujetos indispensables. No puede hablarse de acción sin actor y demandado. Hacerlos sería instaurar un procedimiento diverso. No se trata de la posibilidad legislativa, porque en la historia se ha conocido el procedimiento inquisitorial, apto para condenar a los presuntos responsables de delitos; pero el hecho de que en lugar de proceso se regule un procedimiento de averiguación, no se sigue que aquí haya acción, la cual sin proceso es imposible.[13] [Las negritas son nuestras]

Por último, para afinar bien la situación de la acción, menester es hablar de lo que la diferencia de las demás instancias, a más de su proyectividad: su pretensión.

Lo anterior es así pues ─como apunta Briseño Sierra (p. 461)─ cuando se llega al momento de la clasificación de las instancias, siendo todas instancias y ─por ende─ lo mismo, lo único factible “[…] es utilizar un principio de división ajeno a la naturaleza jurídica del instar.” Ese principio de división es “la pretensión”.

La pretensión de cualquier instar puede ser definida, genéricamente, como “[…] el derecho de exigir (Anspruch) invocando un título sustantivo individual.”[14] De esto, se desprende que la pretensión, en cada instancia, es una conditio per quam. No tendría sentido instar si no se pretendiera: peticionando, denunciando, querellando, quejando, pidiendo un reacertamiento o ejerciendo la pretensión de sentencia.

En lo atinente a la pretensión específica de la acción, ésta será una pretensión contenciosa en donde “El actor no puede asegurar en la demanda que tiene duda de su derecho, sino que otro duda o lo discute, que él lo sostiene y que pide una resolución favorable.”[15] En razón de esto, no es necesario esperar a la contestación para que haya conflicto, pues en la demanda se afirma su existencia.

Por tanto, lo propio de la hipótesis procesal es que el derecho que entra en conflicto vuelva a ser materia de un debate; ello sólo será posible si a la pretensión del actor se opone la pretensión del demandado, formándose, ergo, dentro del proceso un dilema que la sentencia deberá resolver.

De esta manera, el centro de gravitación de la institución procesal viene a ser una pretensión discutida. Al demandar se presenta la exigencia del actor (petitum), afirmando una resistencia del demandado y sosteniendo un título justificante (causa petendi).

Podrá no acudir el demandado (contumacia), pero el juez se verá en la necesidad de establecer si la justificación es válida, porque de otra manera no podrá optar por la pretensión de la demanda.

Se llega, pues, a la conclusión ya anticipada, de que la pretensión viene a ser la constante de una concepción volumétrica, en la que ella es la enlazada con otros tres datos: hacia el pasado con la justificación (causa petendi), hacia el futuro con la sentencia (petitum) y en el presente con la acción (requisito).

De ahí que la causa petendi no tenga relación directa con la acción, ni ésta con la sentencia. La acción, derecho autónomo de instancia, se conecta a su vez con la pretensión (requisito) y con la jurisdicción y la reacción (presupuestos).[16]

Por último, para aclarar mejor lo anterior, cabe dar algunas distinciones entre la acción y la pretensión.

En primer lugar, la pretensión, a diferencia de la acción o, inclusive, de cualquier instancia procedimental, no es abstracta sino que tiene una causa jurídica, y, por tal motivo, la pretensión tiene dos direcciones: hacía el pasado mira al supuesto y hacia el futuro el presupuesto. Por ejemplo: una petición administrativa para recabar un permiso de importación tiene como supuesto la invocación legal atingente al levantamiento de la prohibición para introducir en el país bienes extranjeros. Como presupuesto, esa misma petición mira hacia el permiso, o sea, hacia la prestación resolutiva.

Por lo anterior, la acción, como instancia autónoma, no necesita invocar antecedentes, no necesita la justificación; sin embargo, la pretensión que la acción refiere sí necesita aludir al supuesto. La prestación resolutiva no podría atender una pretensión que no tuviera apoyo en una causa legal.

En suma, instar, en cualquier procedimiento, es provocar una respuesta que sólo se puede encontrar si la pretensión es razonable o pertinente y la instancia satisface los requisitos de procedencia. Pero luego es menester que la pretensión sea atendida, a tal propósito debe sustanciarse el procedimiento por todas sus partes. Por último, la prestación resolutiva favorecerá a la pretensión si ésta, y no la instancia, llena el supuesto de su justificación; es decir, si se prueba y demuestra estar en condiciones de ser tutelado.

Trasponiendo lo anterior al caso de la acción, resultará, entonces, que ésta siempre será fundada y procedente y que, en caso de que la justificación de la pretensión sea falsa, simulada o fraudulenta, será ésta, en todo caso y no la acción, la que resultará infundada e improcedente.

B. La omisión inconstitucional ¿por acción?

Entre la llamada “acción por omisión inconstitucional” y la llamada “acción abstracta de inconstitucionalidad de normas generales” existe un parangón sostenible en el carácter abstracto de ambas vías; es decir, en la acción de inconstitucionalidad  y en la acción por omisión legislativa ─tal cual está regulada en las distintas experiencias jurídicas tanto extranjeras como locales─ el iniciador o promovedor del  procedimiento se limita, exclusivamente, a elevar una solicitud a los titulares del Órgano de Control Constitucional para que éstos realicen un análisis “abstracto” de la constitucionalidad de, en el primer caso, la norma jurídica, en el segundo, de la omisión normativa.

Con esto, las instancias posteriores a esa primera por la cual se eleva la solicitud, inclusive esa primera, no son proyectivas ni a instancia de parte, sino que son desarrolladas de oficio (proveimientos). Por esto, es verdadera la afirmación de nuestros ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que la llamada acción de inconstitucionalidad no se desarrolla dentro de un proceso[17], sino en un procedimiento.

De igual forma, esa primera instancia con la que se inicia el procedimiento respectivo no es un acto proyectivo, pues no constituye un acto provocante, es decir, no busca la respuesta del demandado o reaccionante (el tercer sujeto) sino simplemente poner en conocimiento del titular del órgano controlador de la Constitución la existencia de una norma o una omisión probablemente contraventoras del orden constitucional.

A más, la pretensión que constituye la conditio per quam de esa instancia no es una pretensión calificada o contenciosa, pues el promovedor no afirma ni discute que alguien más, (el legislador), pone en duda o discute “su derecho”; es decir, frente a la pretensión del iniciador no hay oposición de la pretensión del demandado, sencillamente porque ni el iniciador ni el demandado tienen un conflicto.

Además, sucede que en la acción, al demandar se presenta la exigencia del actor (petitum), afirmando una resistencia del demandado y sosteniendo un título justificante (causa petendi). En la instancia que nos ocupa, el promovedor no pide algo al demandado sino más bien exhibe la situación al titular del órgano de control constitucional para que este provea respecto a la constitucionalidad de la norma u omisión.

En suma, por las razones antes aludidas consideramos que la instancia tanto de la llamada “acción abstracta de inconstitucionalidad de normas” como la de la llamada “acción por omisión legislativa (o normativa, según sea el caso)” no corresponde a la de la “acción” porque ni constituyen un acto proyectivo ni su pretensión es contenciosa, a más de que no desarrollan un proceso, sino un procedimiento.

Por tanto, hay que buscar qué “instancia” es la que incoa estos procedimientos de control abstracto de constitucionalidad.

C. La instancia de la omisión normativa inconstitucional

Instar, según apunta Briseño Sierra (p. 461) es “[…] el derecho que tiene el particular para provocar la respuesta autoritaria a través de una relación dinámica.”

Para clasificar las instancias, según se dejó apuntado, la única posibilidad es utilizar un principio de división ajeno a la naturaleza jurídica del instar: la pretensión.

La pretensión de cualquier instar puede ser definida, genéricamente, como “[…] el derecho de exigir (Anspruch) invocando un título sustantivo individual.”[18]

Ahora bien, utilizando a la pretensión como criterio es posible distinguir las siguientes instancias: a) petición, b) denuncia, c) la querella, d) la queja y f) el reacertamiento.

a. La petición

Como señala Briseño Sierra (p. 461) “La pretensión del derecho de petición es, ante todo, una declaración de voluntad […]”; es, como su nombre lo indica, pedir una respuesta autoritaria, por ello es manifestación de voluntad, y por ello, también, sin ésta no es jurídicamente posible se emita la respuesta. Además, el procedimiento que viene implicado en la instancia tiene su identificación por lo pedido.

Respecto a la respuesta por parte de la autoridad, ésta puede responder afirmativa o negativamente y aún callar. Estos resultados fáticos no están implicados en la pretensión, como sí lo está el procedimiento en la instancia. “De otra manera dicho, existe certeza sobre la secuencia conectiva, pero no hay en la relación de pretensión a prestación.”[19]

b. La denuncia

Esta instancia, como señala Briseño Sierra (p. 461), “[…] a diferencia de la petición, no es declaración de voluntad sino participación de conocimiento.”

Quien denuncia no pretende acceder a lo pedido, porque no hay petición, sino simplemente hacer saber a la autoridad la realización de un “hecho o de un acto” a los que la ley condiciona la emisión de una resolución.

Casos muy conocidos de denuncia son los que estudia el derecho penal y que constitucionalmente también se determinan cuando se impone el deber de todo gobernado de comunicar a la autoridad la comisión de un delito. Sin embargo, el aspecto penal es uno entre varios: en las relaciones fiscales hay denuncias como la declaración de impuestos, la iniciación de actividades, las modificación a las condiciones de operación del contribuyente, las omisiones ajenas, etcétera; igualmente en el derecho civil existen denuncias como la del nacimiento, la de la muerte, la sucesoria, la de bienes mostrencos, la de bienes vacantes, la de concurso, etcétera.

En suma, podría decirse que la denuncia más que un derecho es la satisfacción de un deber; sin embargo, hay que diferenciar entre las relaciones sustantivas y las procedimentales porque sin dudar del deber de denunciar en los supuestos mencionados, ahora se observa una situación diversa: la establecida entre el particular que participa el conocimiento (exhibe la situación) y la autoridad que recibe el dato.

Por tanto, “[…] la denuncia tiene generalmente como base una obligación, pero en cuanto instancia, hace referencia a una pretensión específica: la participación de conocimiento […]”[20]

A más de lo ya dicho, queda anticipado o sobreentendido que en la denuncia la instancia del particular inicia el desarrollo del procedimiento sin requerir nuevas instancias. Esto explica porque la denuncia no es una declaración de voluntad, pues el denunciante no pide concretamente una determinada resolución.

Basta, como señala Briseño Sierra (p. 462), “[…] que se inste para dar a conocer una circunstancia de trascendencia jurídica a la autoridad. A renglón seguido, y de acuerdo con el procedimiento ordinario, será la autoridad quien dicte las providencias adecuadas y, en su oportunidad emita la resolución que proceda.”

Por último, por regla general el denunciante no persigue la tutela de un “interés propio”, aunque no está descartado lo contrario (como en el caso de las denuncias fiscales atinentes a buscar la liberación de una carga tributaria en donde el denunciante busca a través del procedimiento que su pretensión tenga una eficacia legal).

c. La querella

De la querella se ha dicho, junto con la denuncia penal, que son instituciones afines a la acción.

Según Briseño Sierra (p. 462), la querella es un acto provocante cuya pretensión contiene una declaración de voluntad pues el querellante ejerce la instancia para propiciar la aplicación de una sanción al querellado. Pero del hecho de que la pretensión contenga una declaración y sea ésta referida por la instancia lo mismo que por la acción, no se sigue la confusión entre ambas. La querella, como las demás instancias, recibe su específico nombre de la pretensión y no por la clase de instancia, pues ésta en todas es igual.

Lo importante, por tanto, en la querella es la índole y la posición de los sujetos. Querellante y querellado, ante la ley, tienen igual calidad. A más, si bien es cierto que la querella generalmente viene contra un particular, también lo es que puede enderezarse contra una autoridad en donde, para no convertirse en queja, es menester que los actos se traten de faltas al servicio público, es decir, actos ordinarios.

En relación con el querellado, al igual que el denunciado, éste no recibe la instancia del querellante, sino de la autoridad, la cual resultó, en un primer momento, la destinataria de la querella y a la cual corresponde actuar conforme a lo que dispone la ley.

Analizando la querella en el caso concreto de México, se puede ver como en nuestro Estado toca al agente del ministerio público estudiar la pretensión y determinar si es suficiente para llevar a cabo la averiguación previa, citar al querellado e interrogarle, citar a testigos, hacer que el querellado ratifique, pedir los dictámenes periciales correspondientes y, en su caso, solicitar la orden de aprehensión del indiciado.

Por lo anterior, Briseño Sierra (p. 463) considera inadecuada la imagen ofrecida por el notable Alcalá Zamora y Castillo respecto de la querella, pues éste la considera “[…] un empujón para que determinados hechos franqueen la puerta jurisdiccional […]”.

Briseño Sierra apunta que, en primer lugar, la querella es una instancia que implica un procedimiento, lo cual equivale a sostener el carácter no indiferenciado ni intrascendente de la querella.

En segundo lugar, afirma el procesalista mexicano que aun cuando la querella sea una condición de procedencia, la secuencia que ésta provoca no es la misma que la serie procesal, sino la averiguación del ministerio público.

d. La queja

La queja, como la querella, tiene una “pretensión sancionatoria”. La diferencia con aquella estriba en la posición de los sujetos: en la queja se encuentran en disparidad.

Mientras en la querella los sujetos están en posición de igualdad, en la queja el titular de la instancia es un particular, o por lo menos ajeno a la jerarquía del sujeto pasivo, quien es una autoridad o persona que actúa en función pública.

La queja es también, como la querella, declaración de voluntad, pues la pretensión es disciplinaria. Normalmente la queja aparece cuando se acude al superior para que “imponga una sanción al funcionario incumplido”.

Sin embargo, como apunta Briseño Sierra (p. 463), tanto por la estructura procedimental de las normas en que se insta la queja, como por la finalidad de la pretensión que es lograr el acatamiento a una norma vigente, la queja ha sido utilizada como un medio de control.

Lo importante de la queja radica en su carácter controlante, es decir, en su función verificadora de un resultado previsto y “uno realizado”, a fin de establecer su adecuación.

En suma, como apunta Briseño Sierra (p. 464), la queja “[…] ha de limitarse a la instancia que se sigue en un procedimiento que tiene por objeto el control del acto de autoridad que causa perjuicio al quejoso o que viola disposiciones de orden público.”

f. El reacertamiento

Para entender el reacertamiento es menester precisar qué es el acertamiento, pues éste último se torna un concepto básico en relación con el primero.

Por acertamiento ha de entenderse “[…] la operación de la autoridad que determina los hechos tipificados por la norma.[21]

Así, se puede decir que acierta la autoridad fiscal cuando determina el crédito o la obligación de los particulares, acierta la autoridad administrativa cuando determina los hechos a los que se imputa una implicación normativa y acierta el juzgador cuando en sus resultados precisa el conflicto o caso juzgado.

“Este acertar autoritario, en el supuesto de un acto reglado, tiene que satisfacer los datos del supuesto jurídico para llegar a la conclusión de que su realización implica cierta conducta preordenada[sic] jurídicamente.”[22] Por ejemplo: cuando una autoridad impone una multa, de acuerdo con el artículo 16 constitucional,  su resolución deberá estar motivada y fundada; pues bien, la motivación significa la exposición de los hechos cuya realización es el supuesto que implica la sanción en tanto que la fundamentación es la invocación del precepto que castiga el acto.

Puede acontecer que la motivación esté equivocada o que la fundamentación sea errónea. En tales condiciones procede la revocación y el camino a seguir es el reacertamiento, lo que equivale a la consideración, por la misma autoridad o por el superior, de las circunstancias atendidas la primera vez con el fin de criticar el resultado, es decir, realizar un nuevo estudio.

El reacertamiento es conocido generalmente con las palabras recurso administrativo, lo cual hace pensar que sólo en el ámbito administrativo es procedente esta instancia. La verdad, como señala el jurista Briseño Sierra (p. 465), “[…] es que aún en el campo procesal se aplica este medio impugnativo, precisamente ahí donde no hay necesidad o posibilidad del instar bilateral como sucede cuando la demanda es desechada, o bien en los llamados procedimientos de jurisdicción voluntaria.”

g. La instancia de la omisión normativa inconstitucional

Vistas las instancias toca determinar cuál es la que incoa el procedimiento de control constitucional de las omisiones normativas.

Sobre los procedimientos de las omisiones normativas, por la experiencia extranjera y la local sabemos que son medios de control abstracto de constitucionalidad y, por consecuencia, el promovedor de dicho procedimiento se limita exclusivamente a exhibir la situación al titular del órgano de control constitucional para que éste provea respecto a la constitucionalidad de la omisión, acabándose con ello la participación del promovedor y dejando a los proveimientos de la autoridad controladora el desarrollo y resolución del respectivo procedimiento.

En virtud de lo anterior, consideramos que la instancia por la cual se inicia el procedimiento controlador de las omisiones normativas inconstitucionales lo es la “denuncia”.

Esto es así pues, como se ha mencionado, el sujeto promovedor se limita a poner en conocimiento (denunciar) ante los titulares del órgano controlador de la constitucionalidad el hecho “omisión normativa”, dejando a éstos el desarrollo del procedimiento.

A más, quien denuncia la omisión sólo pretende hacer saber a la autoridad la realización de ese “acto jurídico ilícito” al que la ley condiciona la emisión de una resolución: la declaratoria de la inconstitucionalidad.

Sin embargo lo anterior, parece haber un obstáculo respecto a considerar a esta instancia una denuncia: el “deber” de denunciar.

Empero, tal obstáculo es sólo aparente pues si bien dicho deber puede no estar consignado explícitamente en el texto constitucional, es derivable de lo que Arteaga Nava ha llamado el autocontrol constitucional[23], el cual ─como deber─ deriva para todo servidor público del hecho de haber protestado guardar y respetar la Constitución.

En suma, estamos ciertos de que la instancia, en tratándose de omisiones inconstitucionales, no es la acción, sino la denuncia.


[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Jurisprudencia, Materia: Constitucional, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Agosto de 2000, Tesis: P./J. 71/2000, Página: 965, No. Registro: 191,381

[2] Respecto a la teoría de la acción, ver: Arellano García, pp. 233-257; Kelley Hernández, pp. 79 y ss.; Dos Reis, pp. 51 y ss.; Pallares, Diccionario…, pp. 25-30; De Pina y Castillo Larrañaga, pp. 143 y ss.; Becerra Bautista, pp. 82-85, Bañuelos Sánchez, pp. 47 y ss., y Briseño Sierra, pp. 465 y ss.

[3] Ver: Dos Reis, pp. 75 y ss.; Bañuelos Sánchez, pp. 59 y ss.; Briseño Sierra, pp. 465 y ss.

[4] Briseño Sierra, p. 483.

[5] Ibídem, p. 455.

[6] Ídem.

[7] Ibídem, p. 485.

[8] Ibídem, p. 456.

[9] Ídem.

[10] Por instancia debemos entender “[…] el derecho que tiene un particular para provocar la respuesta autoritaria a través de una relación dinámica.” Ibídem, p. 461

[11] Ibídem, p. 486.

[12] Ibídem, p. 487.

[13] Ibídem, p. 488.

[14] Ibídem, p. 508.

[15] Ibídem, p. 509.

[16] Ibídem, p. 510.

[17] Por proceso entenderemos, como lo señala Briseño Sierra, p. 746, la serie de actos proyectivos.

[18] Briseño Sierra, p. 508.

[19] Ibídem, p. 461.

[20] Ibídem, p. 462.

[21] Ibídem, p. 464.

[22] Ídem.

[23] Ver supra p. 301.

Aplicabilidad de la Constitución

Para poder referirnos a la aplicabilidad de una Constitución es menester recalcar el carácter normativo de todas las disposiciones de ésta; es decir, todas las normas contenidas en una Constitución son normas constitucionales, tal cual lo hace ver Alfonso da Silva[1].

Entendido lo anterior, podemos decir que

Toda constitución nace para ser aplicada, pero sólo es aplicable en la medida en que corresponde a las aspiraciones socioculturales de la comunidad a que se destina. Ninguna, por ello, puede salir completa de la autoridad constituyente, de una vez y toda armada. Muchas de sus normas necesitan ser reglamentadas por una legislación integrativa[sic] ulterior que les dé ejecucióny aplicabilidad plena. Pero eso no significa que haya, en su texto, reglas no jurídicas […].[2]

Por tanto, como dice Carbonell, “El objeto del presente apartado es examinar las condiciones de aplicabilidad más o menos directa de los preceptos constitucionales y las formas bajo las que, en su caso, pueden ser exigidas ante los tribunales.”[3]

Vale la pena volver a recordar aquí aquellas palabras de Zagrebelsky sobre el desarrollo del constitucionalismo, en general:

En la primera fase de vigencia de la carta constitucional […] se intentó reducir casi toda la Constitución a una norma dirigida exclusivamente al legislador, es decir, a norma meramente programática, incapaz de surtir efectos sin una legislación ordinaria que la pusiese en práctica. Esta orientación correspondía políticamente al propósito de aplazar la eficacia de la Constitución y de mantener entretanto tal o cual ordenamiento heredado del pasado. Desde el punto de vista de la teoría de las fuentes, tal orientación apuntaba a preservar el papel principal de la ley en el sistema de las fuentes y, consiguientemente, el completo aparato conceptual construido por el formalismo legalista de cuño positivista alrededor del derecho como ley. Sobre todo, las normas de principio y del programa […], cuando son eficaces de modo inmediato, habrían introducido en la dinámica jurídica tensiones nuevas, no controlables por la lógica abstracta, e inducidas por la llamada interpretación histórico-espiritual, vinculada directamente a los principios materiales de justicia. [Actualmente se reconocen…] la eficacia directa de todas las disposiciones constitucionales, al menos en lo que se refiere a su eficacia para invalidar leyes anteriores a la Constitución, incompatibles con ella. Las normas constitucionales son todas preceptivas o de eficacia directa […] al menos en su aspecto negativo y en su capacidad para invalidar.[4]

Por tanto, es posible concluir válidamente que el texto constitucional mexicano (así como el mexiquense) es totalmente preceptivo.

Existen dos principios que rigen la clasificación de las normas atendiendo a su aplicabilidad:

a) En primer lugar, la Constitución es un sistema de normas jurídicas, es decir, todos y cada uno de los preceptos que la integran son normas jurídicas, y

b) En segundo lugar, todos los preceptos de la Constitución condicionan la validez formal y material del resto de normas y actos del ordenamiento jurídico.

Entendido lo anterior, podemos pasar a revisar la clasificación de las normas constitucionales, según su aplicabilidad siguiendo, por cierto, los comentarios hechos por Carbonell a la clasificación hecha por J. A. Santamaría Pastor.

a. Normas completas o self-executing

Estas normas no requieren concreción alguna posterior. Son normas completas cuya observancia o mandato puede ser directamente demandado por vía jurisdiccional.

Los derechos fundamentales y la parte organizativa de la Constitución (mexicana como mexiquense) son normas de éste tipo.

b. Normas que requieren ser concretizadas posteriormente

Son normas cuya aplicabilidad depende de un acto posterior de concreción, ya sea mediante la emisión de otras normas o a través de la realización de políticas públicas tendentes a conseguir los fines constitucionalmente previstos.

Como ejemplo puede citarse el derecho a la información previsto en el artículo 6º de la Constitución general, el cual exige la creación de una ley para regular los supuestos, modos, formas, etcétera, para aplicar dicho derecho.

A nivel local encontramos el artículo 5º de nuestra carta local, el cual prevé, también, el derecho a la información.

Para esta categoría normativa, apunta Carbonell, el mal mayor se llama «omisión legislativa», la cual, dicho aquí en términos muy generales, consiste en el desapego por parte de los integrantes de los órganos de gobierno, particularmente del órgano legislativo ─de ahí el nombre─, de concretizar el mandamiento constitucional.

c. Normas de principios de aplicación inmediata pero indirecta

Estas normas, apunta Carbonell, son de aplicación inmediata pues no requieren, a diferencia de las anteriores, de una posterior concreción normativa. Empero, son de aplicación indirecta porque su valor es vertebral e informador y se aplican, sobre todo, condicionando el proceso de interpretación constitucional.

Pueden mencionarse como ejemplos los artículos 39 y 40 de la Constitución general, referentes a la titularidad de la soberanía y el ejercicio del gobierno; también el 2º y el 130, relativos, el primero, a la composición multiétnica del Estado y, el segundo, sobre la «histórica» separación entre Iglesia y Estado.

A nivel local el artículo 1º señala la vinculación del Estado de México con el resto de la federación; el artículo 3º y el 4º establecen la forma de ejercer el gobierno; el artículo 17 establece la composición multicultural del Estado; el 137 trata lo relativo al respeto, por parte de las autoridades de la entidad y los municipios, de los mandatos de la Constitución política general, tratados y leyes federales, claro está, en el ámbito de sus debidas competencias.

d. Normas de habilitación o mandatos al legislador

Son normas que exigen al legislador una actuación concreta ya para regular determinada materia, ya para estructurar un órgano constitucionalmente previsto. Por tanto, para ser aplicables exigen, como hemos dicho, un acto posterior de concreción de un determinado sujeto: el legislador.

Éstas normas, al igual que las del inciso “b”, no pueden ser exigidas completamente ante los tribunales de legalidad, empero, esto no significa que éstas no condicionen la actuación de los poderes públicos, pues, según apunta el propio Carbonell,

[…] junto a la imposibilidad de actuar de forma ostensiblemente contraria a estos preceptos, tales normas imponen una determinada forma normativa ─a veces incluso consagrando una reserva de ley─ y precisan deberes a órganos concretos del Estado; tales son los casos en que se dice que ‘la ley’ o ‘el legislador’ podrá o deberá regular X materia o asunto, o tener en cuenta tal o cual aspecto de un derecho fundamental, etcétera.[5]

Sobre estas normas pueden darse muchos ejemplos, pero para escatimar esfuerzos sólo pondremos uno: el artículo 2º apartado B, relativo al deber del Estado, y por consecuencia del legislador, de promover y reservar y preservar las lenguas y culturas indígenas. A nivel local, deber similar se consagra en el artículo 17.


[1] Según Alfonso da Silva, p. 31, “Normas constitucionales son todas las reglas que integran una Constitución rígida.”

[2] Ibídem, p. 34.

[3]Constitución…, p. 175.

[4] Zagrebelsky, pp. 79 y 80.

[5]Constitución…, p. 179.